DEBERÁ INDEMNIZAR A LA INMOBILIARA CON MÁS DE 1,2 MILLONES DE EUROS

Condenado por estafa el administrador de la constructora del edificio Siglo XXI

La sentencia le impone un año y medio de prisión. Además, deberá indemnizar a la inmobiliaria promotora del edificio con más de 1,2 millones de euros...

10 de marzo de 2015 (15:18 CET)
Condenado por estafa el administrador de la constructora del edificio Siglo XXI
Condenado por estafa el administrador de la constructora del edificio Siglo XXI

El ex administrador de Construcciones Marlape S.L., José Prado Gay, ha sido condenado a un año y medio de prisión por un delito de estafa cometido contra la Inmobiliaria Masar Canarias, promotora del edificio Siglo XXI frente a la playa de El Reducto de Arrecife. La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, fechada el 9 de marzo, le condena además a indemnizar a Masar Canarias con 1.245.371 euros, más los intereses legales hasta que complete el pago.

La inmobiliaria Masar Canarias firmó un contrato en marzo de 2003 con Construcciones Marlape, para que esta empresa ejecutara la obra de ese edificio. Sin embargo, según considera probado la sentencia, la constructora terminó cobrando mucho más de lo que le correspondía, ya que presentó "certificaciones de obras que excedían el volumen realmente ejecutado". 

En el año 2009, el propio acusado reconoció esa deuda con Masar Canarias, cifrándola en cerca de 1,5 millones de euros y entregando como pago un solar de su propiedad ubicado en Fuerteventura. Sin embargo, tres meses después, "a pesar de conocer que anteriormente había dado en pago el citado inmueble", José Prado hipotecó el solar, poniéndolo como garantía de un préstamo de 1.250.000 euros.

Un año después, en mayo de 2010, el acusado vendió sus participaciones en Marlape por un euro, por lo que la acusación particular pedía que se le condenara también por un delito de insolvencia punible, es decir, de un alzamiento de bienes para eludir sus obligaciones de pago. Sin embargo, la Audiencia no considera acreditado este delito, ya que señala que "si algo ha quedado claro" es que desde 2007 la empresa tenía "muchísimos problemas económicos" y no se ha podido acreditar que el precio de venta de un euro no fuera "real".

En cuanto a la pena impuesta por el delito de estafa, la Fiscalía pedía que fuera de 3 años de prisión, aunque la sentencia lo rebaja a año y medio. Al dictar el fallo, la Audiencia ha aplicado como atenuante las dilaciones indebidas, al entender que ha habido un "retraso al juzgar el proceso que no es imputable al acusado".

 

El acusado alegó que firmó el documento "sin comprobar su contenido"


Durante el juicio, el acusado alegó que su empresa "no debía cantidad alguna a la inmobiliaria Masar, sino al contrario". Sobre por qué entonces firmó un contrato entregando un solar para devolver el dinero cobrado indebidamente, respondió que "firmó el documento sin comprobar su contenido, por la insistencia o coacción del querellante". Además, sostuvo que "en ese tiempo y por la enfermedad de su mujer, no atendía debidamente a los negocios que llevaba a cabo" y alegó que "la finca se usó como mera garantía".

Sin embargo, la Audiencia no considera creíble su versión, entre otras cosas, porque la denuncia del querellante fue confirmada por la declaración de dos encargados de controlar en su día la ejecución de esas obras, que acudieron al juicio como testigos. Ambos, según la sentencia, "dejaron claro que ciertamente las certificaciones de obra que emitía Construcciones Marlape lo eran por cantidades superiores a las que realmente habían sido ejecutadas, algo que todas las partes conocían perfectamente, y ello con el objeto de que el constructor pudiera hacer frente a las deudas que mantenía con terceros". Esas deudas, según subraya la sentencia, "habían provocado problemas con subcontratistas y suministradores e incluso una huelga de trabajadores".

Durante el juicio, uno de los encargados explicó que se negó a firmar esas certificaciones de obra "por no corresponderse con la realidad", por lo que no llevan su rúbrica. Este trabajador fue quien elaboró un informe en mayo de 2009 calculando el exceso abonado a la constructora y cifrándolo en más de 1,2 millones de euros, que es la cantidad que ha tenido en cuenta la Audiencia para fijar la indemnización.

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