PRESENTARON UNA MOCIÓN AL AYUNTAMIENTO SOLICITÁNDOLO, PERO FUE RECHAZADA

Vecinos Unidos anuncia que vecinos de Altavista recurrirán a la “vía judicial” para que 4 calles sean suelo urbano consolidado

lavozdelanzarote.com · 05 de octubre de 2016

Los vecinos de las calles Guipúzcoa, Álava, Vitoria y Rioja del capitalino barrio de Altavista buscarán en la “vía judicial” una “solución” a la ordenación de esas calles en el planeamiento municipal. Así lo ha anunciado Vecinos Unidos, después de que el grupo de Gobierno rechazara la iniciativa que presentó junto con la Asociación Adey Galguen en el pleno de este martes para que esas calles pasen a ser suelo urbano consolidado en el nuevo Plan General que tramita Arrecife.

La propuesta recibió el apoyo de Somos Lanzarote (formación en la que se enmarca el concejal de Vecinos Unidos Andrés Medina), Ciudadanos, PP y Ganemos Arrecife, pero recibió el voto en contra de las formaciones que forman el grupo de Gobierno, PSOE, CC y PIL. Varios vecinos de ese barrio estuvieron presentes en el pleno para dar apoyo esa moción y vieron frustrarse su aprobación. “Los vecinos que acudieorn al pleno no entienden el silencio de la alcaldesa para con sus ciudadanos”, lamenta Vecinos Unidos, en el comunicado en el que anuncia la decisión vecinal de acudir a los tribunales.

El concejal Andrés Medina defendió la propuesta en esa sesión plenaria y pidió que “el Ayuntamiento dé los pasos necesarios” para que las viviendas de esas cuatro calles d el barrio de Altavista sean “clasificadas como suelo urbano consolidado” o, “en su defecto, que desde el grupo de Gobierno se indique a Gesplan que las citadas viviendas sean objeto de una actuación urbanística aislada”. En este sentido, Vecinos Unidos recalca que esas casas “cuentan desde hace décadas con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público”.

 

"Pruebas irrefutables" de que "cumplen todos los requisitos legales"


Andrés Medina mostró a los presentes en el Pleno documentos que, según indica, “demuestran que el Ayuntamiento de Arrecife, el 29 de julio de 1992, hace ya 26 años, llevó al Pleno el cobro de contribuciones especiales para el proyecto de asfaltado/encalado de los bordillos”, así como los recibos que “demuestran que los vecinos están pagando la Contribución Urbana Catastral desde 1977, hace 39 años, al igual que los correspondientes pagos de basura y otros servicios”. Para Vecinos Unidos y esta asociación, estos documentos son “pruebas irrefutables de que las citadas cuatro calles cumplen con todos los requisitos que marca la ley para ser consideradas suelo urbano consolidado”.

Esa opinión, no obstante, no es compartida por el grupo de Gobierno. Vecinos Unidos considera al respecto que la “única excusa” que puso el gobierno de Arrecife, representado en este caso por el teniente de alcalde Rafael Juan González, es que “el único acceso a las viviendas no es de propiedad municipal”, como exige el Decreto Legislativo 1/2000 en su Artículo 50. “Pero el edil de CC olvida que existe otro acceso, el viejo Camino Real, todavía transitado, que conducía de Arrecife a Teguise; y que según el Catastro, es de propiedad municipal. ¿Tanto le cuesta al Ayuntamiento asfaltar esa vieja vía y darle la justa calificación de Suelo Urbano Consolidado a las 4 citadas calles?”, se pregunta la formación. A esto agregan, además, que el otro acceso a las viviendas, el “perteneciente a los propietarios de la parcela Altavista Oeste, sí fue asfaltado por el Ayuntamiento”. “Y son los mismos dueños de la vía los que preguntan por qué el Ayuntamiento no la expropió en su día”, apostillan.

A juicio de Vecinos Unidos, “la otra opción que le dejan a los vecinos es la que quiere introducir el nuevo Plan Supletorio: que las cuatro calles queden dentro de un sector de suelo urbanizable con uso industrial; lo cual significaría condenarlas a continuar fuera de ordenación o a una posible demolición en el futuro”. “Estaríamos hablando de edificaciones de uso residencial dentro de un suelo industrial, que tendrían que pagar otra vez las infraestructuras y servicios que llevan pagando desde hace décadas”, denuncian. 

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