El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite la denuncia presentada contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Industria, José Manuel Soria, y otros tres altos cargos del Ejecutivo español por un presunto delito de lesiones, a raíz del incidente que se vivió en una protesta contra las prospecciones petrolíferas, cuando una embarcación de la Armada embistió a una lancha de Greenpeace.
En aquel polémico episodio, una activista resultó herida, con una fractura abierta del peroné, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Tras lo sucedido, varios particulares y una asociación ecologista decidieron presentar distintas denuncias no sólo contra el director de la Marina Mercante y contra el capitán del buque de la Armada, sino también contra el presidente del país y los ministros de Defensa, Fomento, Industria y Medio Ambiente.
Precisamente las denuncias contra estos cinco últimos se tramitaron en el Supremo, al tratarse de aforados, pero las actuaciones contra ellos han sido archivadas. En su auto, fechado el pasado 26 de enero, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señala que los denunciantes "no achacan una específica participación en los hechos" a Rajoy a los cuatro ministros.
"Un procedimiento penal exige mucho más"
"Se apoyan en los cargos institucionales ocupados, que son señalados casi caprichosamente (cualquier departamento que tuviese alguna mínima relación con la decisión política que desencadenó la protesta y ulteriormente el incidente)", sostiene el auto, que agrega que "ese extravagante criterio convertiría en responsable penal a cualquier cargo público de los hechos vinculados de una u otra forma con el órgano a cuyo frente se encuentra".
Al respecto, subraya que no se puede confundir la "responsabilidad política" con la "responsabilidad penal" e insiste en que los denunciantes no concretan una "acción u omisión concreta" de estas personas en las lesiones que sufrió la activista. "Las imputaciones carecen de consistencia. Se hace de forma indefinida y genérica, al margen de las más básicas líneas que enmarcan las responsabilidades de naturaleza penal", insiste el auto, que concluye que "para iniciar un procedimiento penal se exige mucho más".
Así, el Supremo archiva estas denuncias, que se tramitaron en un mismo procedimiento, aunque solo en lo que respecta al presidente y a cuatro ministros.
