Agentes del Seprona volvieron a desplazarse este lunes a la bodega Stratvs, cumpliendo un auto de la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz. En esa resolución, fechada el pasado 4 de diciembre, la juez ordena una "inspección completa y detallada sobre el sistema de depuración y evacuación de aguas residuales", dado que existen indicios de que "pueda persistir la actividad contaminante".
La juez se refiere así a los informes que ya obran en la causa penal abierta por la construcción de la bodega, que suma casi una veintena de imputados, y en la que también se investiga un presunto delito contra el Medio Ambiente. Entre esos informes hay uno del Seprona sobre las aguas residuales, así como "documental remitida por la Dirección General de Salud Pública y el Consejo Insular de Aguas, en el que se recogen los altos índices contaminantes de la instalación Stratvs".
Ahora, la juez quiere determinar si "ha cesado dicha actividad contaminante", dado que "no consta" que se hayan adoptado medidas por parte de la empresa. Y además ha reclamado estos datos "con urgencia", para poder evaluarlos en la comparecencia que se celebrará el próximo 18 de diciembre, en la que la juez decidirá si ordena o no el cierre de las instalaciones.
Las muestras viajarán a Sevilla
En esta nueva inspección de la bodega, los agentes del Seprona tomaron muestras en distintos puntos de la instalación, que ahora serán enviadas "debidamente precintadas y custodiadas al Instituto de Toxicología de Sevilla, para que por dicho organismo se proceda al análisis de las mismas y se remita al Juzgado con carácter urgente", tal como señala la juez en su auto.
Además, la juez reclama un informe "sobre el grado de contaminación de dichas aguas, en caso de que existiera, y de los riesgos para la salud de las personas y/o el equilibrio de los sistemas y recursos naturales".
Al respecto, el auto recuerda que la bodega se asienta en un espacio natural protegido y que en ella se realiza una actividad, como es la elaboración del vino, que "no está exenta de la utilización de químicos, cuya filtración en el terreno podría tener serias consecuencias contaminantes".
Además, subraya que "la presunta carencia de títulos habilitantes" para la actividad de esta bodega no permite conocer "si se ha cumplido, en la construcción y desarrollo posterior de las múltiples actividades que se efectúan en Stratvs, con los parámetros exigidos en orden al tipo de actividad desarrollada".
Datos clave
Con los resultados de las muestras tomadas este lunes y de la nueva inspección de la bodega, se deberá elaborar un informe en el que se detalle "cuál es el sistema de depuración existente de entre los proyectados y si se ha modificado desde el año 2008".
La juez también reclama que se verifique "si existe reutilización de las aguas residuales para el riego", "si existe infiltración de las mismas en el terreno o en las aguas" y "cualesquiera otros datos que se consideren de interés para la investigación de un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales".
Además de este delito, por el que está imputado Juan Francisco Rosa y la empresa dueña de la bodega, BTL Lanzarote, en la causa se investigan casi otra decena más. Por un lado, contra la Ordenación del Territorio y contra el Patrimonio Histórico, que fueron los que dieron origen a este procedimiento, así como el de prevaricación por parte de cargos políticos y técnicos. Pero además, se han ido sumando otros como delitos contra la Administración Pública y contra el patrimonio y el orden socioeconómico , así como delitos de falsedad y de estafa a la Administración Tributaria.
