"El informe de Ignacio (Calatayud) que yo he ratificado, quiero dejar claro que no es una ciencia exacta". Eso fue lo que subrayó el secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pancho Perdomo, durante la Junta del Consejo celebrada el 3 de octubre de 2014, quince días después de que se hubiera producido ya la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Perdomo se refería así al único informe jurídico que respalda la incautación, y que fue encargado por San Ginés cuando ya se había ejecutado la medida, entre otras cosas sin contar con autorización judicial. Durante esa sesión de la Junta, el presidente tuvo que hacer frente a un aluvión de críticas de todos los partidos de la oposición, de asociaciones empresariales e incluso del que entonces era su socio de gobierno, el PSOE, a quien también reconoció que había mantenido ajeno a esa decisión.
"Parecería que este procedimiento desde el punto de vista jurídico lo está llevando el presidente, yo no tengo ni idea de esto", afirmó en ese momento San Ginés. Sin embargo, ya entonces reconoció que todo el asesoramiento que tuvo vino de un abogado externo al Cabildo, Ignacio Calatayud, y del secretario, Pancho Perdomo, aunque ninguno de los dos emitió previamente un informe por escrito.
Respecto al que Calatayud elaboró después, y que fue "asumido" por el secretario poniendo su firma al final del dictamen, el propio Perdomo quiso dejar claro ante la Junta del Consejo Insular de Aguas que no era "una ciencia exacta".
"Más de una vez me ha advertido el secretario"
"Quería dejar claro ante esta Junta General que el derecho no es una ciencia exacta. Como ustedes saben, el derecho está sujeto a interpretaciones", comenzó señalando Pacho Perdomo, haciendo referencia a resoluciones judiciales que pueden ser revocadas por otros tribunales. "De todas formas", agregó, "podemos salir de una gran duda en poco tiempo, porque (los promotores) han solicitado una medida cautelar de suspender la incautación".
Así se refirió el secretario al litigio iniciado por Club Lanzarote, en el que pidió medidas cautelares para que se anulara esa incautación. Finalmente, esa "gran duda" la resolvió el pasado 26 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con una sentencia en la que anuló la incautación y ordenó devolver la planta a la empresa, entre otras cosas porque se realizó sin autorización judicial.
"Más de una vez me ha advertido el secretario que efectivamente el derecho no es una ciencia exacta y que pudiera, es improbable entendemos, pero pudiera ocurrir que el juez decidiese levantar la medida cautelar. No porque hiciese falta autorización judicial, sino porque estuviera mal ejecutada por las razones que fuere", admitió también San Ginés en esa Junta. Sin embargo, pese a reconocer esas advertencias, el presidente tomó la decisión sin tener un solo informe por escrito y basándose, según él, en el "asesoramiento verbal" del propio secretario y del abogado Ignacio Calatayud, que no es funcionario ni personal del Cabildo ni del Consejo, y que realizó su informe escrito cuando la incautación ya se había realizado.
Un criterio opuesto tres años antes
Tres años antes de que se incautara la desaladora de Montaña Roja, el tema de las plantas privadas que operan en la isla también fue abordado en la Junta del Consejo Insular de Aguas. Y en ese momento, concretamente el 14 de abril de 2011, lo que se afirmó es que solo estaba dentro de la ley la de Club Lanzarote, pese a que después fue la única contra la que se terminó actuando.
Al respecto, el gerente del Consejo, José Juan Hernández Duchemín, recordó en esa reunión que el Plan Hidrológico que sigue hoy en vigor permite la instalación de plantas privadas "en circunstancias excepcionales", siendo posible su instalación en lugares donde no llega la red pública de agua. Además, a preguntas de los representantes sindicales y de partidos de la oposición, señaló que ese caso sólo se daba en Montaña Roja, que de hecho contaba con autorización (Club Lanzarote solicitó una prórroga del permiso en 2012 y el Consejo no respondió, afirmando ahora que fue denegada por "silencio administrativo).
Respecto a por qué no se adoptaban medidas con las plantas privadas que sí estaban al margen de la ley, el gerente afirmó en 2011 que lo que estaban haciendo era "crear un registro para regularizar aquellas que cumplan los requisitos establecidos". Para responder a por qué no se actuaba o se aplicaban sanciones contra esas plantas, tomó también la palabra el secretario, Pancho Perdomo, que afirmó que el Consejo "tiene capacidad para sancionar, pero no para el cierre y clausura" de las desaladoras. Es decir, que no está entre sus competencias ordenar el cierre de una planta privada, ya que esa competencia es del Gobierno de Canarias.
De "sin ningún género de dudas" a "entiendo que sí"
Al respecto, cabe recordar que San Ginés defendía entonces y sigue defendiendo ahora que lo que debía hacer era clausurar la planta porque según él vendía agua de forma ilegal, pero alega que en lugar de eso optó por la incautación para evitar un problema de desabastecimiento en ese plan parcial. "¿Y tiene competencias el Consejo para clausurar una planta privada?", se le preguntó a San Ginés en la rueda de prensa que ofreció hace tres semanas, tras declarar como imputado por esa incautación. "Sin ningún género de dudas", respondió entonces San Ginés. Sin embargo, al señalarle que el propio secretario advirtió lo contrario en la Junta del Consejo celebrada en abril de 2011, el presidente matizó su respuesta: "Yo entiendo que sí. La verdad es que como nunca ha estado en mis expectativas ejecutarla (la clausura), no he llegado a profundizar en lo que me parece que es así".
Por otra parte, en aquella reunión de abril de 2011, Pedro San Ginés llegó a defender incluso la necesidad de regularizar todas las plantas desaladoras que operaban al margen de la ley en la isla. "Parece incongruente que por un lado declaremos la emergencia hídrica por escasez de agua y por otro no se permita la producción privada", afirmó entonces, agregando que "otra cosa diferente sería la conveniencia de que por parte de Inalsa se exija la celebración de convenios para no mermar su fuente de ingresos".
Sin embargo, esto tampoco llegó a realizarse. Después, cuando se privatizó Inalsa, lo que se hizo fue incautar la desaladora de Club Lanzarote para entregársela a Canal Gestión, que actualmente es quien cobra el agua a los 6.000 vecinos de Montaña Roja. Mientras, el resto de las desaladoras y depuradoras privadas que hay en la isla siguen operando sin que conste que se haya abierto siquiera un expediente sancionador.
Un solo informe y no concluyente sobre la supuesta "venta ilegal"
En cuanto a la supuesta "venta ilegal" de agua por parte de Club Lanzarote (que según San Ginés es "un hecho que nadie discute"), solo consta un informe al respecto elaborado por el secretario, Pancho Perdomo, un año y medio antes de la incautación de Montaña Roja, concretamente en febrero de 2013. Y pese a ser el único dictamen por escrito sobre este tema, ni siquiera es concluyente.
De hecho, el secretario comenzaba su informe diciendo que Club Lanzarote tenía autorización para producir agua para "autoconsumo", es decir, para abastecer a esa urbanización, y que con ese permiso "sería factible" que cobrara a los vecinos por los gastos derivados de la producción y la distribución del agua, "equitativamente en función de su participación comunitaria y del consumo particular de cada comunero".
Tras señalar que en ese caso "no se incumpliría la normativa", Perdomo continuaba planteando otro escenario, "partiendo de la base de que Club Lanzarote se estuviera dedicando a la venta de agua a terceros, ya sea dentro o fuera de la urbanización". Es decir, que se acreditara que no se limitaba a cargar los gastos de producción de agua a los vecinos, sino a cobrar por su venta. En cualquier caso, lo que señalaba al respecto en su informe es que, de ser así, se estaría incumpliendo la regulación legal sobre el establecimiento de tarifas de venta.
Al respecto, el secretario hacía referencia en su informe a la normativa que establece las competencias para fijar las tarifas del agua, y que dependen del Gobierno de Canarias, del Consejo Insular de Aguas y del propio Ayuntamiento. "El Ayuntamiento es quien debería exigir a las empresas que se dediquen a la venta que cumplan con la normativa vigente, presentando sus proyectos de tarifas para su aprobación previa por el pleno, sin perjuicio de que tanto por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, como por el propio Consejo, pueda adoptarse también otro tipo de medidas conducentes al restablecimiento de la legalidad de acuerdo con su normativa específica", concluía el secretario en su informe.
Sin embargo, en lugar de intervenir para regular las tarifas (en caso de constar que efectivamente lo que se estaba produciendo era una venta de agua), o incluso aplicar hipotéticas sanciones, lo que se hizo fue incautar la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote y entregárselas a Canal Gestión. Y todo ello, como "medida cautelar" ordenada el mismo día en que se abrió el expediente sancionador, un año y medio después del informe del secretario, por tres faltas leves y una menos grave.
