El empresario Juan Francisco Rosa lleva años intentando construir un campo de golf en Playa Blanca y en 2012 logró que el futuro Plan General de Yaiza incluyera un convenio para autorizar esta infraestuctura en terrenos supuestamente de su propiedad. Sin embargo, ese convenio ha sido finalmente descartado porque el empresario no ha presentado la documentación requerida para, entre otras cosas, demostrar que ostenta la titularidad de ese suelo.
Durante la fase de exposición pública del documento, Rosa presentó alegaciones pidiendo incluso que se ampliara el alcance del convenio y exigiendo que el suelo, catalogado hasta ahora como rústico (y destinado en virtud de ese convenio a "infraestructuras y equipamientos), pasara a ser "suelo urbanizable ordenado o urbano".
Sin embargo, además de rechazar sus alegaciones, señalando que el suelo no reúne "los requisitos legales" para esa recalificación, el Plan ha dejado fuera el convenio que se había aceptado inicialmente.
Según explica el redactor del Plan, la Dirección General de Ordenación del Territorio envió un requerimiento al empresario que propuso ese convenio "con el fin de que presentaran documentación acreditativa de la identidad, capacidad, legitimación y representación, así como de la propiedad o derechos para suscribir el convenio, certificación administrativa o declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar con la Administración Pública". Sin embargo, "una vez examinada la documentación presentada", constataron que "falta documentación".
Por eso, "al no haber presentado el promotor en tiempo y forma la documentación solicitada por la Dirección General de Ordenación del Territorio", "se le tiene por decaído en su derecho" y se deja fuera ese convenio, manteniendo la clasificación de ese suelo como Rústico de Protección Territorial.
Precedentes de obras en suelo ajeno
La falta de documentación para acreditar sus derechos sobre los terrenos donde pretendía levantar un campo de golf recuerda a situaciones similares a las que se enfrenta Juan Francisco Rosa con otras propiedades, como la bodega Stratvs.
Dentro de la investigación penal por la construcción de esa bodega, además de investigar la ilegalidad de las licencias y los presuntos delitos contra el medio ambiente y el patrimonio histórico, también se han puesto de relieve otros hechos, como la posible usurpación de terrenos. Así lo denunció uno de los integrantes de la familia Negrín, que se ha personado como perjudicado en la causa, ya que esta familia era propietaria de una parte del suelo donde se levantó Stratvs.
En el auto en el que ordenó su cierre como medida cautelar, la juez enumeró algunas de las irregularidades que rodean a esta bodega: "A modo ejemplificativo y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar la reiterada simulación de la identidad real del promotor, la falseada aportación de los datos de la parcela catastral, las certificaciones de obras conforme a proyecto en contra de la realidad, los cambios en las titularidades catastrales, la fraudulenta alteración de los linderos, la reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella cuando no se ajusta a la realidad, y otras cuyo torticero proceder apuntan que habría plena conciencia de que las obras y las actividades eran y son incompatibles con el suelo afectado".
Incluso, según sostenía la juez en ese auto, "se ha venido pretendiendo crear la apariencia de que Rosa Marrero, a través de sus empresas, es propietario del suelo en el que llevó a cabo la construcción, circunstancia que es particularmente relevante en el presente caso, no sólo porque existen titulares legítimos que se han personado como perjudicados, sino porque (Juan Francisco Rosa) no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral" en la que se asienta la bodega.
