La Fiscalía Anticorrupción, que acaba de pedir 2 años y 3 meses de cárcel para Juan Francisco Rosa en el caso Unión por falsedad continuada de documento público, considera que el empresario pretendía algo más que hacer un "favor" a Dimas Martín al "fingir" un contrato laboral para que éste pudiera conseguir el tercer grado penitenciario. "Con este ‘favor’ realmente pagaba algo más que la nómina, enmascaraba un trato de privilegio y favor", sostiene el fiscal Javier Ródenas en el escrito de acusación de la pieza 12 del caso Unión.
Concretamente, según el fiscal, el objetivo de Juan Francisco Rosa era el de "procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar la situación de sus complejos hoteleros". En su escrito, Ródenas se refiere al caso del Princesa Yaiza, que es uno de los establecimientos ilegales del empresario. A este se suma otro hotel, además de la bodega Stratvs y el puerto deportivo Marina Rubicón, que la Fiscalía ya ha pedido que sea declarado ilegal en otra causa.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que Dimas Martín necesitaba presentar un contrato de trabajo y acreditar "que se encontraba apto para desarrollar una vida laboral apartada del delito" para poder conseguir el tercer grado penitenciario. Sin embargo, según el fiscal, "no sólo no dejó de delinquir, sino que la propia firma del contrato de trabajo ya era en sí misma delictiva, pues ambos acusados eran plenamente conscientes de que Dimas no iba a desempeñar ni desempeñó actividad laboral alguna para Juan Francisco Rosa".
"Tienes que imponerte con Fabián"
En la primera parte del sumario de la Operación "Unión", Rosa aparece en varias conversaciones telefónicas con Dimas Martín, que estaban siendo grabadas por la UCO, hablando de la situación de los hoteles ilegales de su propiedad en Playa Blanca. En una de ellas, le dice al líder del PIL que tiene que "imponerse" con Fabián (en referencia a su hijo Fabián Martín, que en ese momento era vicepresidente del Cabildo y gobernaba junto al PSOE).
"La locura es que yo debo 60 millones de euros al (palabra ininteligible) de Yaiza y los intereses corren cada minuto. Y la Fundación, ya me llegó ayer de la Sala diciendo que me dan ocho días para que recurra el tema. Otra vez Felipe Fernández, facturas de ocho mil, facturas de diez mil, facturas de veinte mil euros cada dos por tres", afirma Rosa en un momento de la conversación, haciendo referencia a la solicitud formulada por la Fundación César Manrique para que se ejecutara una de las sentencias que declararon ilegales sus hoteles. "Yo no entiendo que con la fuerza que tú has tenido, esto no se haya arreglado", le dice Rosa a Dimas Martín en un momento de la conversación.
Además de ese contrato presuntamente ficticio a Dimas, que le ha supuesto una acusación por falsedad documental, el fiscal también subraya que Juan Francisco Rosa "contribuía generosamente fuera de los cauces legales en la financiación" del PIL (aunque eso no constituya delito para él). Se refiere así a las importantes "donaciones" que realizó Rosa al partido. Según señalaba la juez en uno de los autos de Unión, Rosa realizó aportaciones al PIL "de hasta 60.000 euros" por cada una de las campañas electorales de 2003 y 2007.
Rosa reconoció que el contrato era falso
Durante su declaración en los Juzgados tras ser detenido en el caso Unión, Juan Francisco Rosa llegó a reconocer que el contrato laboral que firmó con Dimas Martín no era real y que lo hizo "por un tema humanitario", para que pudiera conseguir el tercer grado penitenciario, pero que realmente no trabajaba para él. De hecho, admitió que "las funciones de Dimas en su empresa eran nulas", que realmente no le pagaban siquiera la nómina y que "no quiere a Dimas ni de cerca".
Durante esa declaración, el que entonces era su abogado en esta causa, Felipe Fernández Camero (que después pasó a estar entre los imputados del caso Unión), le pidió hasta en dos ocasiones a su cliente que no hablara más sobre el tema, ya que el propio juez le advirtió de que estaba admitiendo un presunto delito de falsedad documental.
Por su parte, Dimas Martín aseguro en los Juzgados que sí era realmente empleado de Rosa. En su caso, aunque no supo precisar para qué empresa en concreto trabajaba ni qué categoría profesional tenía, sí aseguró que cobraba "en efectivo una nómina de unos mil y pico euros", que "tenía bastante libertad" y que se dedicaba a ir "por las fincas y por los hoteles".
En total Juan Francisco Rosa firmó dos contratos de trabajo a Dimas Martín a través de Galerías Rosa, uno en diciembre de 2007 como "encargado general" y otro en diciembre de 2008 como "auxiliar administrativo en el sector del comercio del mueble". Y en ambos casos, según el fiscal, se trataba de "un ardid, una falacia a Instituciones Penitenciarias, para obtener, por medio de un contrato apócrifo, un derecho que no le correspondía, pues no hay mayor conciencia de no rehabilitación que el que piensa en delinquir para lograr el tercer grado".
Por eso, acusa a ambos de un delito continuado de falsedad de documento público, ya que los contratos no sólo fueron presentados por Dimas ante Instituciones Penitenciarias "para engañar" a este organismo, sino que también se registraron en la Seguridad Social, al darle de alta como supuesto trabajador, y ante el Instituto de Empleo.
"Préstamos" al PIL y a la mujer de Dimas
Sobre los pagos presuntamente ilegales que Juan Francisco Rosa realizó al PIL, el empresario negó ante el juez haber realizado "donaciones económicas" a un partido político. "Sí he hecho préstamos, pero algunos no los he cobrado y creo que no los voy a cobrar", señaló en su declaración. Después, cuando le preguntaron directamente si había entregado durante las campañas electorales "cantidades cercanas a 60.000 euros", pasó a responder que "no lo recuerda".
Lo que sí admitió es haber prestado dinero a la mujer de Dimas, Elena Martín. Según Rosa, le prestó 6.000 euros en el año 2007, y "firmó la hija o la mujer de Dimas". La entrega la hizo "en tres talones" y hasta la fecha de su declaración en los Juzgados, no había recuperado el dinero "ni creía que lo fuera a cobrar". Ni siquiera había requerido el pago. "La mujer se moriría de vergüenza", declaró Rosa.
Además, la instrucción del caso Unión también desveló que las casas familiares de Dimas Martín en Guatiza y en Los Lajares "estaban a nombre de Juan Francisco Rosa". Así lo admitió el propio Dimas en una de sus declaraciones, en la que afirmó que el empresario les "dejaba vivir" a él y a su familia ahí "desde siempre".
De hecho, ése fue el principal motivo de la detención de Rosa en su momento en el caso Unión, ya que el entonces juez instructor entendía que el empresario pudo ayudar a "ocultar el verdadero patrimonio de Dimas", que se declaró insolvente para no afrontar la condena del complejo agroindustrial, por la que debía pagar 2,4 millones de euros. Y según entienden la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción, todo esto lo hizo "como favor o prebenda a la actividad política de Dimas", dado el poder que éste tenía sobre los cargos públicos del PIL, para que influyera favorablemente a sus intereses.
