EXIGE SABER SI HABÍA INFORMES Y POR QUÉ SE ANUNCIÓ UNA COSA Y SE HIZO OTRA

El PSOE denuncia en el Parlamento el cambalache del Gobierno con el Plan de La Geria

¿Es normal que este Gobierno recurra algo por error?, ha preguntado Dolores Corujo, que quiere saber si han existido presiones para que se presentara ese recurso

7 de marzo de 2017 (21:10 CET)
El PSOE denuncia en el Parlamento el cambalache del Gobierno con el Plan de La Geria
El PSOE denuncia en el Parlamento el cambalache del Gobierno con el Plan de La Geria

La diputada por Lanzarote del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, puso este martes en cuestión la motivación que llevó al Gobierno de Canarias a presentar un recurso contra la sentencia que anuló el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, que ha sido inadmitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. “Las informaciones contradictorias sobre la existencia o no de informes del Gobierno que habrían motivado el recurso, en contra del criterio jurídico del Cabildo de Lanzarote, denotan el cambalache interno que domina al equipo del presidente Clavijo”, ha denunciado la parlamentaria.

“¿Es normal que este Gobierno recurra algo por error? ¿Y es normal que, por error de este Gobierno, se deje algo por recurrir?”, ha preguntado Dolores Corujo al Ejecutivo regional, dadas las “contradicciones entre departamentos” y las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que afirmó que el Gobierno recurrió “por error”.

En ese recurso, tal como publicó el pasado viernes La Voz de Lanzarote, el Ejecutivo regional alegaba entre otras cosas que el Plan Especial de La Geria “tiene una enorme trascendencia” para la “resolución final” del caso Stratvs, en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el empresario Juan Francisco Rosa, por una larga lista de delitos vinculada a la construcción y explotación  ilegal de esa bodega y el resto del complejo que construyó en suelo protegido. Y es que según el empresario, con el Plan que ha sido anulado por la Justicia Stratvs quedaba “perfectamente legalizada”.

 

Recurso “sorprendente” y “varapalo judicial no tan sorprendente”


En su intervención, Corujo recordó que “la nitidez de la resolución del Tribunal Superior y la certeza de que la tramitación del Plan había sido absolutamente inadecuada llevaron a que los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote consideraran que no procedía el recurso al Supremo, postura en la que coincidía, según informó, el Gobierno”.

Sin embargo, pese a que en su momento negó que fuera a hacerlo, el Ejecutivo regional sí terminó presentando ese recurso para intentar mantener vivo el Plan de La Geria. “Nos enteramos ahora de que este Gobierno recurrió de manera sorprendente para llevarse, de manera no tan sorprendente, un nuevo varapalo judicial, pues el citado recurso ni siquiera fue admitido a trámite”, subrayó la diputada socialista, que añadió que “es ahora cuando se sabe que la explicación de ese extemporáneo recurso es que se produjo un error de comunicación entre los Servicios Jurídicos y el viceconsejero de Ordenación del Territorio”.

Corujo habló de la “sorpresa y dudas” que esta situación ha causado. “Necesitamos saber si existe un primer informe recomendando no recurrir, porque me parecería inconcebible que este Gobierno manifestara que no lo iba a hacer sin un informe previo que le avalara, y también necesitamos saber si existe un segundo informe recomendando recurrir, porque si no existiera no se trataría entonces de un error de comunicación entre el viceconsejero y los Servicios Jurídicos, sino de un fallo de procedimiento clamoroso: llevar adelante una acción judicial en nombre del Gobierno sin la cobertura jurídica necesaria”.

La diputada lanzaroteña expuso que si no existe el primer informe, el presidente “se arrogó una capacidad, la de decidir no presentar el recurso, de manera indebida, o no dijo toda la verdad al presidente del Cabildo de Lanzarote”. Además, añadió que “si hay dos informes contradictorios en algo tan claro como la existencia o no de motivos para la casación, el presidente nos obliga a preguntarnos sobre las presiones políticas que pueda haber, algo que resulta inaceptable”.

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