El Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, aprobado el pasado 29 de julio por Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, ya ha iniciado su andadura en los tribunales. El Gobierno de Canarias ha hecho público este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha pedido que le remita el expediente completo de este documento, tras admitir a trámite tres nuevos recursos presentados contra el Plan.
Uno de esos recursos fue presentado por la Fundación César Manrique el pasado 21 de enero, y los otros dos por las empresas Hipercan Don Jersey, S.L. y Palmera Canaria, S.L., también a finales de enero. Los tres recursos están siendo tramitados por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, y se suman a otros que ya se han presentado con anterioridad.
En el caso de la FCM, en su momento ya presentó alegaciones al Plan General de Yaiza cuando estuvo sometido a exposición pública. En sus alegaciones, que fueron rechazadas, la Fundación sostenía entre otras cosas que el documento es "un ejercicio técnico para legalizar las licencias de los hoteles y apartamentos que hoy por hoy no tienen encaje legal en el planeamiento actual, y viene a reconocer y legitimar el libre albedrío que ha presidido el proceder de muchos promotores durante décadas, en connivencia con los sucesivos gobiernos municipales y su aparato técnico y jurídico, como lo atestiguan las causas penales en curso".
Un plan para "legalizar una veintena de licencias anuladas"
Además, la Fundación César Manrique cuestionaba que se haya utilizado la figura de un plan supletorio "para proponer la ordenación que plantea, sobre todo, en lo que concierne a las zonas turísticas con licencias anuladas por los Tribunales". Asimismo, rechazaba los convenios urbanísticos, "promovidos directamente por los propios propietarios de los suelos concernidos", y discutía "la utilización de la Disposición Adicional 5ª como instrumento adecuado para legalizar la veintena de licencias anuladas en Playa Blanca".
Del mismo modo, en sus alegaciones, la FCM advertía de "contradicciones o incumplimientos en relación a otras normas y leyes de rango superior a las que obligatoriamente debe adaptarse dicho Plan".
En los tres anuncios publicados este jueves en el Boletín Oficial de Canarias, el Gobierno da cuenta de su orden de remitir el expediente al TSJC, tras la solicitud realizada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en el marco de esos tres procedimientos. Los anuncios, firmados por el director general de Ordenación del Territorio, se hacen públicos para "emplazar a cuantos pudieran aparecer como interesados para que, si a su derecho conviene, comparezcan y se personen" en el procedimiento abierto en los tribunales.
