"En muchos casos", los campistas son "acosados por las Fuerzas de Seguridad del Estado español como si fueran auténticos delincuentes o apestados". De esta manera ha calificado el PIL que los campistas no pueden disfrutar de sus vacaciones en "espacios tradicionales" como Mejía, en Caleta de Caballo, a donde acudieron agentes del Seprona de la Guardia Civil la semana pasada a pedir que abandonaran este lugar, o San Juan, en Caleta de Famara. Ninguno de estos lugares está habilitado para poder acampar, por lo que esta actividad es ilegal.
El PIL ha cargado contra el Gobierno de Canarias, que "no el Gobierno de los canarios", por seguir aplicando una normativa "a todas luces injusta y obsoleta" por la cual no se permite al acampada en todo el litoral de la costa del Archipiélago. "Como si tuviéramos poco con la normativa impuesta por el Gobierno de España por la cual no se puede ejercer actividad alguna en el deslinde marítimo terrestre, de 100 metros de la línea de mar hacia el interior", ha criticado el PIL.
El partido se ha preguntado "dónde ha quedado aquella afirmación" del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, diciendo que las aguas que circundan el Archipiélago "son aguas canarias y no españolas".
Critica el "pasotismo y la ineficacia" del alcalde
Pero, además, también ha lanzado críticas al "paupérrimo y fotogénico" grupo de gobierno del Ayuntamiento de Teguise, formado por CC y PSOE, y al alcalde, Oswaldo Betancort. "No tiene otra feliz ocurrencia en veranos pasados que desalojar o negar la posibilidad de acampar en las zonas tradicionales", ha denunciado, al tiempo que ha asegurado que hasta la fecha y pese a las "reiteradas" advertencias de la oposición en plenos municipales, no se ha buscado "alternativa alguna" para los campistas.
El PIL ha anunciado que ante esta situación de "pasotismo e ineficacia" del alcalde de Teguise, presentará dos mociones en el próximo pleno de julio para intentar que el Ayuntamiento se dirija al Gobierno de Canarias para que haga las gestiones oportunas ante el Ejecutivo español para "conseguir que las competencias en Costas pasen al Ejecutivo canario y que la titularidad de las aguas canarias sea realmente de los canarios".
Además, en la otra moción pedirá al Consistorio que solicite al Gobierno canario que anule el articulado de la Ley donde "se niega a los ciudadanos la posibilidad de acampar en la línea de costa" y que se trasladen a los ayuntamientos las competencias para establecer y regular las zonas de acampada que estimen oportunas.
