28/Feb/2017

LOS ACUSADOS "HAN DECIDIDO ESTAR ELLOS SOLOS EN EL BANQUILLO", AFIRMÓ TU

La "nueva" fiscal, en el juicio por las licencias concedidas a Pedro De Armas: “Yaiza era un reino de taifas y se creían impunes”

Elena Herrera tomó el relevo de Stampa en este juicio y podría asumir otras causas urbanísticas en la isla. Por su parte, la abogada de la acusación popular subrayó que son los acusados los que han decidido estar “ellos solos en el banquillo”. “Sirvieron a otros de instrumento y ahora sirven de acusados”…

Imagen del juicio celebrado este jueves (FOTOS: Sergio Betancort)
Imagen del juicio celebrado este jueves (FOTOS: Sergio Betancort)
La "nueva" fiscal, en el juicio por las licencias concedidas a Pedro De Armas: “Yaiza era un reino de taifas y se creían impunes”

“El Ayuntamiento era un reino de taifas sin ningún tipo de control ni rigor jurídico. Se creían impunes. Que nada les iba a pasar. Ésa era la dinámica de actuación”. Así resumió la fiscal Elena Herrera lo ocurrido en materia urbanística el municipio de Yaiza, durante el juicio celebrado este jueves contra el ex alcalde, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Y es que según la fiscal, solo “en ese contexto” se pueden “entender los documentos” que forman parte de los expedientes con los que se autorizaron las licencias para construir 66 villas en el Plan Parcial Playa. 

Ambas licencias fueron otorgadas en el año 2005 a empresas vinculadas a Pedro de Armas, entonces compañero de partido de José Francisco Reyes. Y en uno de los casos, el informe jurídico, el informe técnico y la resolución del alcalde concediendo la licencia se emitieron en el mismo día. Incluso, en esa misma jornada se notificó la concesión del permiso al interesado. “Todo el expediente consta de 18 folios para un proyecto de ejecución de 56 viviendas. Recurrir una multa me lleva más documentos”, enfatizó la fiscal. 

“Los informes adolecen de los mínimos requisitos legales para ser considerados informes”, insistió reiteradamente durante el juicio. Y es que uno de los argumentos de la acusación, en ésta y en otras causas de corrupción urbanística en Yaiza, es que se hacían deliberadamente informes vacíos de contenido, para dar una supuesta “cobertura” al alcalde para conceder las licencias. De hecho, eso fue exactamente lo que alegó la defensa de Reyes en las conclusiones finales, después de no haber planteado preguntas ni a los acusados ni a los peritos que declararon en el juicio. “No es una persona lega en derecho”, “hemos visto la complejidad de los ordenamientos y él se amparaba en unos informes, porque no tenía conocimientos jurídicos ni técnicos”, señaló.

 

“Cuando uno lo estudia acaba siendo sencillo, muy sencillo”


“En un primer momento, un procedimiento de éstos puede parecer altamente complejo. Pero cuando uno lo estudia, acaba siendo sencillo, muy sencillo”, comenzó señalando la fiscal Elena Herrera, que se ha hecho cargo de esta causa sustituyendo a Ignacio Stampa, que actualmente ejerce en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Además, como fiscal de la sección de Medio Ambiente de Las Palmas, Herrera podría asumir otros procedimientos de Lanzarote que están pendientes de juicio y que estaban a cargo de Stampa.

De momento, este jueves ya se desplazó a la isla para esta vista oral, en la que dos de los acusados tienen ya otras condenas a sus espaldas y otras causas pendientes. “Solo hay que ver la cronología para ver cómo se funcionaba”, señaló la fiscal, que tras repasar esa cronología concluyó que las defensas “están mareando la perdiz completamente”.

“No entiendo ahora qué venimos a discutir. Estamos debatiendo algo de lo que ya se ha pronunciado la jurisdicción contenciosa”, subrayó, “recomendando la lectura” de la sentencia dictada en el año 2009 por el TSJC, que ya declaró nulo el Plan Parcial Playa Blanca. “Y hasta que salió la sentencia, ¿ustedes no saben leer?”, les preguntó a los acusados, remitiéndose a la Ley aprobada en el año 2001 por el Gobierno de Canarias, por la que se declaró extinguido ese plan parcial, al no haberse desarrollado cuando entró en vigor esa Ley.

Además, insistió en que el Cabildo de Lanzarote también hizo un requerimiento al Ayuntamiento, para que revocara o anulara el proyecto de urbanización que aprobó cuando el Plan ya había dejado de existir en el mundo jurídico. “¿Dónde está el desconocimiento de qué? ¡Si se les habían advertido fehacientemente!”, enfatizó la fiscal, señalando que solo esa carta que les envió el Cabildo ya acredita el delito de prevaricación urbanística por el que están acusados. “Solo con el requerimiento del Cabildo, ya tienes el dolo penal más que acreditado. ¿Qué desconocimiento van a alegar?”

 

“Reyes se avocó las competencias urbanísticas porque es lo que daba dinero”


La fiscal también subrayó que José Francisco Reyes “se avocó a sí mismo las competencias urbanísticas”, para poder otorgar personalmente las licencias. “¡Claro, porque es lo que da dinero! En pleno pelotazo urbanístico en la isla de Lanzarote y en media España”, apostilló. Además, insistió en que los tres acusados eran conscientes de la ilegalidad de las licencias que iban a conceder

En este punto, se refirió especialmente al todavía jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, que antes de emitir su dictamen sobre estas licencias pidió un informe al secretario. “Solicité ese informe porque tenía dudas, pero el informe ya me las despejó”, explicó Lorenzo durante el juicio”. Sin embargo, la fiscal hace una lectura distinta. “Ojo, estamos haciendo las cosas mal. Yo quiero que me lo den por escrito”, señaló Herrera, para evidenciar lo que cree que motivó esa actuación del jefe de la Oficina Técnica. “Y el secretario, de manera torticera, grosera y faltando a la verdad, informó que se podían dar esas licencias”, agregó.

Y todo ello, pese a que con cada paso que iban dando en ese Plan Parcial, “el Gobierno de Canarias decía: esto te lo vamos a impugnar. Y lo ganaba”. Y lo mismo el Cabildo. “Es que cada acto que van haciendo es recurrido. Luego las sentencias vienen más tarde, pero no pueden alegar desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué?”, insistió la fiscal.

En cuanto a la declaración del secretario, que afirmó que para hacer sus informes utilizaba “plantillas”, que ni siquiera le mostraban los expedientes antes de otorgarse la licencia y que en su dictamen solo indicaba los pasos a seguir, Herrera también fue categórica. “El secretario dice que su informe es de procedimiento. Vale, no me lo creo, pero vale. Pero entonces, ¿cómo se ha podido conceder una licencia sin un informe jurídico?”, se preguntó.

“Él te daba esta plantilla o esta otra, pero revisar lo que está en el expediente, ¿para qué?”, ironizó. Y lo mismo planteó con el informe de compatibilidad que era obligado pedir al Cabildo. “En una de las licencias ni siquiera pidieron el informe. ¿Para qué, si no lo iban a cumplir?” 

  

“Sirvieron de instrumento y ahora sirven de acusados”


Por su parte, la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, insistió también en la idea de la “impunidad”. “Se creían impunes para infringir de manera sistemática y grosera la ordenación del territorio”, señaló la letrada de Transparencia Urbanística, a quien los tres acusados se negaron a responder durante el interrogatorio.

“No es una institución que funcionaba mal. Es corrupción urbanística”, subrayó Ferrer, que hizo referencia en varias ocasiones al caso Yate, donde no se investigan permisos aislados, como en este caso, sino la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. “Los responsables de esto son tres. Y son ellos solos porque así lo han querido”, advirtió la abogada de la acusación, que apuntó que fueron los tres acusados quienes concedieron licencias “a mansalva” contraviniendo la ley, y también “quienes han decidido ser los únicos en el banquillo”.

Juicio Reyes licencias De Armas 2

“Sirvieron de instrumento y ahora sirven de acusados. Muy útiles han sido estas tres personas”, señaló Ferrer, en referencia a las personas que se beneficiaron de esas licencias ilegales. Además, en el caso del Plan Parcial Playa Blanca, aludió también a los terceros que se han visto afectados, los compradores de buena fe de unas viviendas ilegales. “Por los delitos de estas personas hay más de 2.000 personas afectadas”, subrayó, en referencia a todas las licencias concedidas en ese plan parcial.

“Asistimos a una ceremonia de la confusión. La misma que se ha producido en esta isla desde el hotel Fariones”, denunció la letrada, refiriéndose a la política de “hechos consumados” que ha imperado en la isla, “poniendo bloque sobre bloque” con construcciones que han conseguido levantarse de forma ilegal.

 

De Armas ganó 800.000 euros en un día con una de esas parcelas


Además, subrayó los vínculos que existían entre el ex alcalde de Yaiza y la persona que recibió las licencias que se estaban enjuiciando en este procedimiento, Pedro De Armas. “Era su socio político y socio en una empresa”, recordó Ferrer. En uno de los casos, la licencia se concedió directamente a la empresa de De Armas, Marivista Lanzarote SL. En el otro, la licencia se otorgó a Villas Blancas Lanzarote SL, justo después de pasar por las manos del compañero de partido de José Francisco Reyes.

En el caso de esa segunda parcela, Pedro de Armas la compró y vendió en el mismo día, ganando 800.000 euros “en un momento” y “sin salir de la notaría”. Así lo reveló otra causa judicial en la que se investigó a De Armas por presunto blanqueo de capitales. Según esa investigación, los representantes de las tres empresas acudieron juntos a la notaría, donde Pedro de Armas formalizó la compra y a continuación la venta.

Un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sostiene que el anterior propietario de esas dos parcelas, la mercantil Xinxol SL, llevaba casi dos décadas intentando edificar, sin que el Ayuntamiento lo autorizara. Sin embargo, el Consistorio cambió el criterio después de que Pedro de Armas adquiriera esas parcelas. En ambos casos, las licencias se concedieron en un plan que estaba extinguido y donde no se podía construir, tal como venían advirtiendo el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y distintos partidos políticos, asociaciones y colectivos ecologistas.

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