El empresario Luis Lleó se sentará el próximo martes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de administración desleal, por el que la Fiscalía pide para él 4 años de prisión. Lleó es el principal imputado en el caso Unión. De hecho, esa macro causa arrancó con su presunto intento de soborno a Carlos Espino para desbloquear la urbanización Costa Roja. Al margen de esa causa, Lleó se enfrenta ahora a un juicio por otro procedimiento, que surgió de la denuncia de sus antiguos socios, que son, además, familiares suyos.
El caso lo tramita la Sección I de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ha fijado el juicio para el próximo martes, 13 de septiembre, por la mañana. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el empresario "aprovechó" que era él quien "gestionaba" la sociedad que compartía con su hermano y su sobrino y quien "adoptaba todas las decisiones económicas", para "financiar" a otras empresas en las que sólo él tenía participación.
Según relata la Fiscalía, Lleó logró hacer esto obteniendo "liquidez" con dos "pólizas de descuento bancario" para la empresa que él y sus socios administraban, Consultores y Asesores Legales Lleó S.L. Es decir, llegó a acuerdos con el banco para obtener efectivo mientras esperaba el cobro por servicios que supuestamente su empresa había prestado, aunque en la mayoría de los casos los servicios nunca se realizaron.
Descontaba pagarés con la "finalidad de obtener financiación" para sus empresas
Concretamente, obtuvo una póliza de 104.000 euros y otra de 600.000, ambas de Bancaja. Después, entre junio de 2007 y marzo de 2008 y "una vez abiertas esas líneas de crédito", "el acusado presentó a descuento 11 pagarés emitidos por las mercantiles Residencial Costa Roja S.A. (de la que el acusado era liquidador desde 2007) y por Residencial Playa Honda S.L. (de la que el acusado era apoderado desde 2005)", explica el escrito del Ministerio Público. En cuanto el dinero se ingresaba en las cuentas de la empresa que compartía con sus familiares, Lleó realizaba "de forma inmediata" transferencias "a favor de varias mercantiles", agrega la Fiscalía.
La cantidad que logró de esos pagarés superaba los 1,8 millones de euros pero, según sostiene la Fiscalía, de ellos tan solo 387.146 euros correspondían a "servicios efectivamente prestados". El resto, casi 1,5 millones de euros, "no se corresponden con servicios efectivamente prestados" y, por tanto, su descuento tenía como "finalidad obtener financiación de las otras mercantiles, generando un perjuicio a Consultores y Asesores Legales Lleó S.L.", agrega el fiscal. Ese perjuico a la empresa familiar consistía en los "gastos de descuento de esos pagarés", que la Fiscalía cifra en 44.444 euros.
En total, el acusado ordenó transferencias a 8 compañías distintas, de las que en varios casos era administrador único y en otros administrador solidario o apoderado. En uno de los casos, el de Lleó Inmuebles S.L., los denunciantes también eran administradores solidarios. La empresa en la que inyectó más dinero con este método, según expone el fiscal, fue Residencial Playa Honda S.L.. En esa mercantil ingresó 791.832 euros, que procedían de los pagarés que había emitido la misma empresa por servicios que, además, no se prestaron.
La Fiscalía considera que todos estos hechos constituyen un delito continuado de administración desleal, por el que pide para Lleó Khunel 4 años de prisión. Solicita, además, que indemnice a Consultores y Asesores Legales Lleó S.L. con 70.449 euros. El fiscal pide que esa indemnización vaya acompañada además de una responsabilidad personal subsidiaria, que supondría que el acusado tenga que hacer frente a un día más de carcel por cada dos cuotas diarias de esa cantidad que no abone a sus antiguos socios. Pide por último que sele imponga el pago de las costas procesales.
