"La decisión de la Audiencia Provincial no afecta ni altera la posición del Ministerio Fiscal en este procedimiento, que está pendiente de la celebración del juicio". Así ha valorado la Fiscalía el auto hecho público este jueves, por el que se anulan los registros en el domicilio y las oficinas de Luis Lleó en el caso "Unión".
En un comunicado, el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, señala que la decisión de la Audiencia se refiere a la pieza separada por el presunto intento de soborno de Luis Lleó, a través de Fernando Becerra, al entonces consejero Carlos Espino, que fue el denunciante del caso. "Respecto a esta causa, la Fiscalía ya formuló escrito de acusación en el mes de mayo de 2013, en el que no se tuvo en cuenta ningún material probatorio derivado de esa entrada y registro", subraya el Ministerio Fiscal.
De hecho, recuerda además que la Fiscalía Provincial de Las Palmas "ya emitió en el mes de julio de 2013, en otra pieza separada, un dictamen en el que se interesó motivadamente la nulidad de estas mismas resoluciones judiciales (que hasta ese momento no le habían sido notificadas), y el consiguiente archivo de esa causa".
En la pieza por el presunto intento de soborno de Lleó, que está a la espera de juicio, la Fiscalía pide seis años de prisión para el empresario, por un delito continuado de cohecho, y un año y medio para Fernando Becerra, que actuó como intermediario.
