El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés ha enviado un comunicado para responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la incautación de la desaladora de Montaña Roja y obliga al Cabildo a devolver esta planta a Club Lanzarote.San Ginés afirma que la sentencia es "inejecutable" y anuncia que los servicios jurídicos de la Corporación interpondrán un recurso de nulidad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC contra la sentencia emitida por dicha Sala.
El Presidente insiste en que se trata de un "bien de dominio público" y dice que así está recogido en el plan general de Yaiza a cuyo ayuntamiento ya ha comunicado que pedirá un certificado al respecto.Sin embargo, pese a defender que es un bien público también anuncia que esta incautación se "produjo en el seno de un expediente sancionador abierto a Club Lanzarote que está a punto de finalizar" y adelanta que la propuesta de resolución del instructor de la causa concluirá "presumiblemente, entre otras cuestiones y además de las sanciones, con la clausura de la planta desaladora".
Con respecto a las posibles responsabilidades patrimoniales del Consorcio Insular de Aguas San Ginés afirma que "la sentencia en absoluto entra en consideraciones de esta naturaleza" y a su juicio "no parecería razonable que existiesen responsabilidades patrimoniales en una actividad ilegal para la que no se tiene título habilitante para vender agua a terceros". "En todo caso, más bien cabría pensar en una sanción a Club Lanzarote S.A., por los beneficios obtenidos durante todos estos años; amén de las irregularidades por incumplimientos de toda índole en que pudiera haber incurrido Club Lanzarote", explica el Presidente del Cabildo.
Por último, señala que esta sentencia "no tendría consecuencias para el abasto de agua a los ciudadanos" y "en ningún caso, ello supone la anulación del procedimiento sancionador en curso en el que se incardina esta incautación que, entre otras cosas, establece la incapacidad de los promotores de la planta para vender agua a terceros".
Sobre lo que no se pronuncia Pedro San Ginés en su comunicado es acerca de la querella criminal que la Audiencia Provincial ha ordenado admitir a trámite. En este auto la Audiencia afirma que los hechos que rodearon a la incautación de la desaladora de Montaña Roja "revelan indicios evidentes de una injusticia y de la utilización espuria de una medida cautelar", así como "presuntos delitos".
