"El Cabildo insular de Lanzarote no prestó nunca la cooperación administrativa implorada, limitándose a remitir un informe en el que sugería que lo procedente era suspender los procedimientos sancionadores por prejudicialidad penal". Eso es lo que señala el escrito de defensa que acaba de presentar la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, dentro del caso Stratvs. En ese escrito, Acuña niega que hubiera inactividad por su parte tras conocer las irregularidades de la bodega. Y para sostenerlo, relata la "limitación de medios humanos, técnicos y jurídicos" que tenía el Consistorio y subraya la falta de colaboración del Cabildo.
De hecho, explica que el 14 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Yaiza se dirigió al Cabildo de Lanzarote solicitando "cooperación interadministrativa" para poder completar los cuatro expedientes sancionadores que había abierto a Stratvs, después de que Gladys Acuña tuviera que declarar en los Juzgados como imputada. Sin embargo, "ante la falta de respuesta" por parte del Cabildo, tuvo que "reiterar su solicitud" el 13 de diciembre.
Según su escrito de defensa, la Corporación presidida por Pedro San Ginés no contestó siquiera hasta el 10 de febrero de 2014, cuando se "limitó" a remitir ese informe en el que "sugería" suspender los procedimientos sancionadores "por prejudicialidad penal". Es decir, que recomendaba parar la vía administrativa y no adoptar medidas contra Stratvs, dado que ya había abierta una causa penal en los Juzgados.
Rosa "impidió" el acceso a las instalaciones para una inspección
Esos expedientes comenzaron a abrirse a partir del 12 de julio de 2013, cuando Acuña declaró ante la juez instructora de Stratvs y fue "advertida de las posibles irregularidades que pudieran haberse cometido por las distintas administraciones públicas en la tramitación de los expedientes" relacionados con la bodega, a la que ella le otorgó la licencia de actividad en 2008. Casi cinco años después, tras la advertencia de la magistrada, la alcaldesa defiende que "procedió de inmediato y con la mayor diligencia a adoptar cuantas medidas legales y administrativas tenía a su alcance, a fin de restablecer, en su caso, el orden jurídico perturbado".
Sin embargo, de los cuatro expedientes sancionadores que abrió entonces, solo uno concluyó con la clausura del restaurante de Stratvs. El resto de las instalaciones fueron finalmente precintadas en diciembre de 2013 por orden del Juzgado instructor, que imputó a la alcaldesa un nuevo delito por inacción. Por eso, en su defensa, Acuña relata las "dificultades" que encontró para culminar esos expedientes.
Así, junto a la falta de colaboración del Cabildo, hace referencia a los obstáculos que puso el propio Juan Francisco Rosa, impidiendo el acceso a las instalaciones. Según la alcaldesa, al día siguiente de declarar en el Juzgado dictó una providencia "ordenando una visita de comprobación e inspección". Además, encargó "un informe técnico para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la licencia" que se había otorgado casi cinco años antes, y que entre otras cosas condicionaba la apertura a una visita de los técnicos para comprobar que lo ejecutado se ajustaba al proyecto que se había autorizado.
Según la instrucción de la causa, esa visita nunca llegó a realizarse. Y cuando Acuña la ordenó en julio de 2013, "el acusado Juan Francisco Rosa negó telefónicamente la entrada a las instalaciones de la bodega" a los técnicos y los agentes de la Policía Local que se habían desplazado hasta allí. Por eso, sostiene que solo pudieron emitir "un informe meramente provisional e incompleto".
Los técnicos concluyeron que no tenía "amparo legal alguno"
Al día siguiente de que el empresario impidiera el acceso a la bodega, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador solo por la actividad del restaurante, en el que se proponía su clausura como medida provisional. Un mes después, el 8 de agosto, se llevó a la Junta de Gobierno un informe que concluía que ni la construcción del restaurante ni la actividad de restauración allí desarrollada tenía "amparo legal alguno". Finalmente, el restaurante fue precintado el 6 de septiembre.
Para entonces, los técnicos ya habían podido visitar todas las instalaciones de Stratvs, tras una nueva providencia dictada por Gladys Acuña, y se acordó actuar sobre "las demás actividades detectadas en la inspección". Según el escrito de Acuña, el 11 de octubre recibió un nuevo informe de otra técnico del Ayuntamiento, Ana Isabel Díaz, donde "se ponía de manifiesto que todas las edificaciones construidas sin licencia eran incompatibles con el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote". Entonces se abrieron tres nuevos expedientes: "por la actividad de tienda con zona de degustación", "por la actividad de bodega sin la preceptiva licencia" y "por la actividad principal de la bodega y de sus actividades complementarias".
Fue para resolver esos expedientes para lo que Acuña pidió colaboración interadministrativa al Cabildo, dado que ostenta competencias en Actividades Clasificadas, alegando que el Consistorio no disponía de medios. Entre otras cosas, el escrito de defensa de la alcaldesa recuerda que el 25 de julio de ese mismo año el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, fue apartado de su cargo por una condena judicial en otra causa. Además, en septiembre el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y el ingeniero Andrés Morales, se inhibieron de la emisión de informes relacionados con esta bodega, alegando que existía causa de "incompatibilidad" para intervenir, dado que ambos estaban ya imputados en el caso Stratvs. Y esto, según la alcaldesa, "dificultó la celeridad en la emisión de informes y actuaciones".
Rosa aportó 31 documentos y "cuestiones de compleja interpretación"
Además, explica que Rosa "presentó escritos oponiéndose" a esos expedientes y "planteó cuestiones de compleja interpretación jurídica", aportando hasta 31 documentos con "informes favorables de organismos públicos y certificados técnicos relativos a edificación e instalaciones", así como la declaración responsable de actividades clasificadas. También se remitía al Plan Especial de La Geria, que acababa de ser aprobado en ese momento, y que alegaba que "le era de aplicación" y daba cobertura legal a Stratvs.
Respecto a ese Plan, la defensa de la alcaldesa sostiene que su Oficina Técnica detectó "una serie de contradicciones" entre un artículo del documento y los planos de los usos, los de zonificación y los de clasificación y categorización de suelos, así como "otra discrepancia sobre el régimen general de usos". Al respecto, agrega que también se había trasladado una consulta al Gobierno de Canarias en el mes de julio, pero el Ejecutivo regional tampoco dio respuesta, y se tuvo que "reiterar la petición" en septiembre.
"Ninguna pasividad es reprochable a Gladys Acuña", insiste su escrito de defensa. En cuanto a la orden del Ayuntamiento de clausurar el restaurante, recuerda que esa decisión fue recurrida en los tribunales por Juan Francisco Rosa, que pidió incluso medidas cautelares para poder levantar el precinto. Sin embargo, un auto rechazó esa solicitud, dando respaldo a la actuación municipal, y se continúa a la espera de la sentencia definitiva.
"Correspondía al Cabildo solicitar el informe, siempre que fuera preceptivo"
En cuanto al otro delito por el que está acusada Acuña, por la concesión de la licencia de actividad en 2008, su defensa también apunta al Cabildo. "En la fase de calificación de la actividad, correspondía al Cabildo insular (y no a la Corporación municipal), siempre que fuera preceptivo, solicitar de otras Administraciones Públicas competentes por razón de la materia, el correspondiente informe", señala el escrito de su abogado.
Así, subraya que "siendo el informe del Cabildo favorable, nada tiene que objetar el Ayuntamiento a los informes de otras administraciones". Ese informe del Cabildo fue firmado por el técnico Manuel Jesús Spínola, también acusado en la causa, mientras que la resolución la firmó el entonces consejero de Actividades Clasificadas, Miguel Ángel Leal.
Además, Acuña también señala a los informes que tenía de los propios técnicos municipales, concretamente del que era secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y del ingeniero Andrés Morales, ambos acusados en este procedimiento. En cuanto a los informes de Sanidad que constan en la causa, la defensa de la alcaldesa sostiene que "en modo alguno vician el acuerdo otorgado" y vuelve a apuntar al Cabildo, concretamente al Consejo Insular de Aguas. Al respecto, señala que Rosa tenía una autorización provisional de vertidos emitida por el Consejo Insular de Aguas, "que es el organismo competente para controlar este tipo de autorizaciones y hacer el seguimiento al cumplimiento de las mismas".
Esa autorización provisional se otorgó pese a que existían informes que advertían de parámetros contaminantes en los vertidos de Stratvs, por lo que en la causa también está acusado el que entonces era gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. Además, aunque aquel permiso era provisional y sin posibilidad de prórroga, el Consejo tampoco actuó cuando caducó y la bodega siguió funcionando durante años sin tener una autorización en vigor. Y tampoco se realizaron las analíticas periódicas que se ordenaban en esa autorización provisional, y que debían haberse efectuado todos los meses.
