Los recursos de cuatro imputados no han logrado frenar el avance del caso Yate, que está ya en la recta final para ir a juicio y sentará a once personas en el banquillo. En un auto fechado el pasado 20 de enero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial rechaza los recursos presentados por Antonio Lorenzo, Vicente Bartolomé Fuentes, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho contra la resolución adoptada por la juez instructora en febrero de 2013, con la que dio por concluida la instrucción de la causa y ordenó abrir el procedimiento abreviado para llevar la causa a juicio.
Según la Audiencia, los recurrentes han incurrido en una "defectuosa concepción" de la finalidad de ese auto, que "ni incurre en falta de motivación ni infringe precepto legal alguno". Así, aclara hasta en cuatro ocasiones, respondiendo a cada uno de los recursos, que el contenido de la resolución se ajusta al momento procesal en que se dictó. Cabe recordar que después se elevó el escrito de acusación de la Fiscalía y el pasado mes de diciembre, la juez instructora ordenó la apertura de juicio oral.
Además de rechazar los recursos e imponer a los recurrentes el pago de las costas generadas, la Audiencia Provincial entra también al fondo de las acusaciones que pesan sobre estos cuatro imputados, ya que todos pretendían defender que no había indicios de delito en su actuación para continuar la causa contra ellos. Sin embargo, el auto de la Audiencia avala la instrucción y da respuesta a cada uno de los acusados, viendo debidamente motivada su imputación.
"Cooperación necesaria" entre los acusados
En su recurso, el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, defendía su actuación alegando que si firmó un informe favorable al desarrollo del Plan Parcial Playa Blanca fue porque previamente había solicitado un dictamen al entonces secretario del Consistorio, Vicente Bartolomé Fuentes. Sin embargo, tal como la Fiscalía ha sostenido durante toda la instrucción de esta causa, la Audiencia responde que precisamente lo que se les imputa es haber actuado de forma coordinada, con una "cooperación necesaria" entre todos los acusados, "para crear una apariencia de legalidad" y permitir al alcalde, José Francisco Reyes, la concesión de licencias ilegales. Y en ocasiones, eso se hacía emitiendo informes vacíos de contenido.
Respecto a Bartolomé Fuentes, la Audiencia llega a decir que "sorprende" su alegato de defensa. Y es que al igual que ha hecho en otras causas en las que ha estado imputado, e incluso en las que ha sido ya condenado, el ex secretario basa su defensa en que él solo emitía informes "meramente procedimentales, nunca jurídicos, y además realizados por un exceso de celo profesional, pues no tenía obligación de emitirlos".
Al respecto, el auto señala que esos informes "que ahora se pretenden calificar de meramente procedimentales" tuvieron una "evidente trascendencia" en los expedientes de concesión de licencias. "Los indicios lo que apuntan es que eran el medio que empleaban los imputados precisamente para tratar de aparentar una legalidad que, según las acusaciones, era inexistente y así lo conocían", sostiene la Audiencia. Además, en el auto agrega que si "encima" el secretario alega que "ni siquiera elaboraba" esos informes "por obligación, sino por un exceso de celo profesional", lo único que da es "un dato más que apoya la necesaria continuación del procedimiento en su contra".
En el caso de Bartolomé Fuentes, la Audiencia pone como ejemplo dos informes que elaboró como secretario, uno sobre el Plan Parcial Playa Blanca y otro sobre Marina Rubicón, con el que dio "apariencia de legalidad a la concesión de las oportunas licencias para las obras" del puerto deportivo, cuando sabía que no se ajustaba a la normativa vigente".
Traspasos de dinero de Yaiza a la cuenta de Reyes
En cuanto a otro de los delitos que se le imputan al ex secretario, la Audiencia también considera necesario dirimirlo en el juicio oral. Al respecto, en respuesta a lo alegado por Vicente Bartolomé Fuentes, el auto señala que el ex secretario "no parece negar que participase, en su calidad de interventor del Ayuntamiento, en la transferencia de fondos desde la cuenta de la Corporación Municipal a la cuenta particular" de José Francisco Reyes, "para el abono de ciertos gastos que pretendía justificar por el ejercicio de sus funciones como alcalde".
Según la Audiencia, "lo único que rechaza" Bartolomé Fuentes "es que fuese consciente de que éste (Reyes) se estaba lucrando indebidamente de esos fondos", por lo que "precisamente delimitar si era consciente o no de esa circunstancia, si era consciente o no de que estaba autorizando pagos por gastos particulares o por encima de las disponibilidades presupuestarias, es lo que debe ser objeto de delimitación en el juicio oral".
Presuntos colaboradores en el blanqueo de fondos
Los otros dos recursos que ha rechazado la Audiencia fueron presentados por Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho, ambos acusados de cooperar con José Francisco Reyes para que éste "pudiera ocultar las importantes cantidades de dinero que estaba obteniendo mediante la concesión de licencias ilegales y otro tipo de actuaciones que le habrían permitido enriquecerse durante su gestión como máximo regidor municipal".
En su recurso, ambos alegan que "simplemente decidieron crear una empresa comentándole dicha idea al Sr. Reyes, que les propuso la participación en aquella de su hija, que hizo todas sus aportaciones a los fondos de la sociedad de manera nominal y sin que los imputados conocieran el origen de los fondos, aportación de fondos que también ellos llevaron a cabo durante la vida de la mercantil fruto de sus diferentes actividades profesionales".
Al respecto, la Audiencia señala que "habrá que analizar si realmente esas aportaciones tienen el origen que se defiende por el recurrente o si, en realidad, no estaríamos más que ante un medio para ocultar patrimonio a través de una mercantil que no sólo no parece desarrollar actividad alguna para la que fue creada, al punto de tener que devolver una subvención en su día concedida por el Gobierno de Canarias, sino que, según se le imputa, no parece tener movimiento económico, al no generar ingresos de explotación o ingresos extraordinarios a lo largo de varios años".
