La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso del empresario Miguel Morales y ha ratificado la condena que se le impuso hace ya más de tres años, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad. La nueva sentencia, fechada el pasado 26 de febrero, confirma el fallo de primera instancia, que condenó a Morales una pena de 1 año y 8 meses de cárcel y a pagar una multa de 67.500 euros.
La sentencia también obliga al promotor a derribar las tres naves de Hormiconsa, así como una planta de hormigón y una machacadora, que se realizaron sin pedir siquiera licencia y en suelo protegido donde no se podía construir, incumpliendo incluso una orden de precinto del Ayuntamiento de Arrecife. Además, le impone un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción.
El juicio contra Miguel Morales se celebró a finales de 2011 y en octubre de ese año se dictó la sentencia. Sin embargo, la respuesta al recurso que entonces presentó el empresario ha llegado ahora, más de tres años después, rechazando todos los argumentos de la defensa. En su fallo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial da por "definitivamente juzgada" la causa y ordena la "ejecución y cumplimiento" de la condena.
"Cualquier persona" sabe que hay que "obtener los permisos"
Los hechos se remontan a hace más de diez años cuando, según la sentencia, Miguel Morales construyó tres naves "con sus anejas plantas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción", "sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras". Además, la obra se realizó "en suelo especialmente protegido", pese a que "el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote prohíbe estas edificaciones".
En su defensa, Miguel Morales alegó que no era "consciente de la ilegalidad de las obras" y defendió que tenía licencia por silencio administrativo, al haberla solicitado sin obtener respuesta de la administración. Sin embargo, la Audiencia responde que "ni tan siquiera consta acreditado que solicitase licencia de obra", a lo que hay que sumar que tampoco da validez a una hipotética licencia por silencio.
En cuanto a su supuesto desconocimiento de la ilegalidad de las obras, la Audiencia Provincial también coincide con la juez de primera instancia. "No nos resulta un argumento de descargo mínimamente convincente, porque cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener los permisos administrativos correspondientes que, en el caso de autos, como queda dicho, ni siquiera se solicitaron", sostiene la sentencia.
En la misma línea, subraya que Miguel Morales "no se encuentra inmerso en una situación de marginación social o exclusión cultural que le haga no entender el alcance y significación antijurídica de la norma", ya que "no puede obviarse que tiene un nivel de socialización que le permite conocer las líneas maestras del orden normativo", dado que incluso se dedica al sector de la construcción e inmobiliario. Además de administrador de Hormiconsa, Morales figura como administrador de Promotora Inmobiliaria Parque Islas Canarias, de Arrecife Hoteles y de Lavotel, entre otras, y también es consejero delegado del grupo de medios Lancelot.
Los "asesores" de Morales y la abogada que le estaba "metiendo en un lío"
Durante el juicio celebrado en 2011, Miguel Morales alegó que "sus asesores" le dijeron que podía ejecutar las obras. Sin embargo, pese a las preguntas del fiscal Ignacio Stampa, Morales evitó poner nombre a esos "asesores". "¿Son los mismos que le defendían en el inicio de este proceso?", preguntó el fiscal, en referencia a Juana Fernández de las Heras, que es hija y compañera de despacho del que era secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero. Al respecto, Miguel Morales se limitó a explicar que en su momento decidió cambiar de abogada en esta causa porque le estaba "metiendo en un lío".
"El acusado dice que le han metido en un lío, se consideró perseguido políticamente y no sé si aspiraba a una impunidad que ya no existe. Esto es una burla al Estado de Derecho", señaló durante el juicio el fiscal, afirmando que durante la vista se "desenmascaró" al empresario. "Si se acusa de un delito a un agricultor por construir un cuarto de aperos de 20 metros cuadrados en el Volcán de la Corona, se tendrá que hacer lo mismo con una construcción de 2.000 metros cuadrados", agregó Stampa, subrayando que la obra se realizó sobre suelo de protección de valor natural ecológico, al estar en una zona de paso de jable, que es de los "más protegidos de la isla".
Orden de precinto incumplida
El 3 de octubre de 2005, cuando las obras ya estaban avanzadas, el Ayuntamiento de Arrecife ordenó su precinto, aunque Morales desoyó esta orden. "Todo evidencia, sin el menor género de dudas, que conocía su obligación de suspender inmediatamente las obras y que, sin embargo, continuó con las mismas", "desobedeciendo el decreto de Alcaldía", sostiene la sentencia, que considera acreditado que Morales "optó por una actitud contumaz y las continuó hasta su terminación, haciendo unas obras ilegales mientras desoía los requerimientos de la autoridad para detenerlas".
Por eso, además de la condena por un delito contra la ordenación del territorio, se le impuso otra por desobediencia, al considerar acreditado que mantuvo un "comportamiento de reiterada y clara oposición, grave actitud de rebeldía y persistencia en la negativa a cumplir la orden o mandato" del Ayuntamiento.
Pese a esa orden de precinto, el Consistorio tampoco adoptó más medidas para parar las obras ni para cerrar después las instalaciones, que a día de hoy siguen funcionando, incluso tras la sentencia de primera instancia de 2011.
El tema llegó a los tribunales de la mano del entonces concejal de AC en Arrecife, Andrés Barreto, e inicialmente estuvieron imputadas en esta causa la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y la ex concejal de Urbanismo Nuria Cabrera. El concejal denunciaba que no habían pedido el derribo ni habían adoptado más medidas para evitar que siguieran las obras. Sin embargo, finalmente se archivaron las actuaciones contra ellas, al entender que sí habían realizado al menos alguna gestión para frenar las obras, con esa orden de precinto.
