"¿Cualquiera puede ir al Ayuntamiento de Arrecife y que le paguen 250.000 euros a final de año?" Ésa fue una de las preguntas que planteó el fiscal Ignacio Stampa al que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, durante la primera jornada del juicio de la pieza 13 del caso Unión. En su declaración como acusado, Arrocha reconoció que fue él quien realizó el encargo a José Daniel Hernández Arráez (pese a que en ese momento ni siquiera estaba constituida la empresa) y también quien supervisó que se ejecutara ese trabajo, que según la acusación realmente no se realizó.
Sin embargo, pese a que también era el encargado de esa supuesta supervisión, Rafael Arrocha autorizó el pago de algunas de las facturas antes incluso de que se hubiera prestado el servicio. "Pues no sé. Se me pasó", le respondió al fiscal, cuando éste le hizo ver las facturas y le preguntó cómo es posible que, en algunos casos, autorizara el pago antes de que se realizaran los supuestos trabajos (las demás facturas se presentaron también todas juntas, en este caso meses después de haber prestado el supuesto servicio).
"Y como se le pasó, ¿entonces no comprobó que el trabajo se había hecho?", insistió el fiscal, que recordó que al autorizar el pago de la factura, Arrocha estaba dando el visto bueno al presupuesto y también certificando que el servicio se había prestado. "Se me habrá pasado la fecha. Es un error", agregó después Arrocha, que poco antes había asegurado que verificó todos los supuestos trabajos realizados por este empresario. "¿Comprobó todos los metros de cable que se facturaron?", preguntó el fiscal. "Sí", respondió Arrocha. "¿Y le dio tiempo?" "Sí", volvió a responder de forma escueta el funcionario. Sin embargo, no pudo aportar ningún informe o documento sobre las notas que afirma que tomaba en esas visitas.
"Se me habrá ido"
Una de las facturas a las que ha hecho referencia el fiscal Ignacio Stampa fue presentada en el Ayuntamiento el 5 de diciembre y correspondía a supuestos trabajos de electricidad en las fiestas de San Francisco Javier, que empezaban supuestamente el 10 de diciembre y terminaban el 27 de diciembre, un día después de que el Ayuntamiento hiciera efectivo el pago.
Al igual que con todas las facturas que cobró Hernández Arráez (a su nombre o al de su empresa), en este caso también presentó una por "montaje" y otra por "desmontaje". Y las dos (una de 25.195 euros y otra de 26.013,75 euros) se cobraron el 26 de diciembre, antes de finalizar siquiera las fiestas. Además, el fiscal se refirió también a las facturas presentadas por el acusado ya en el año 2009 y subrayó que en el caso de una de ellas, está fechada en febrero, también antes de que se prestara siquiera el servicio, que supuestamente correspondía a "trabajos de electricidad" en las fiestas de San José y Carnaval de ese año.
"Firma el desmotaje antes de que se produzca y en otra ya firma hasta el desmontaje", subrayó el fiscal. "Pues se me habrá ido", respondió Arrocha al ver las facturas durante el juicio. En el caso de las 4 últimas facturas presentadas en 2009, aunque tenían ya el visto bueno de Arrocha y del ex concejal José Miguel Rodríguez, no se llegaron a abonar porque el Ayuntamiento paralizó el pago tras la Operación Unión, cuando se rompió el pacto y el área de Festejos detectó presuntas ilegalidades en esas facturas.
"Festejos siempre se gastaba las partidas"
Además, pese a que se trataba de trabajos supuestamente relacionados con las fiestas, ni en el encargo del trabajo ni el pago intervino el área de Festejos, sino la Concejalía de José Miguel Rodríguez, que llevaba Hacienda y Urbanismo. "Yo puse de manifiesto que Festejos siempre se gastaba las partidas", ha explicado el otro acusado, el interventor Carlos Sáenz. Según él, Rodríguez le dijo entonces "que en su área había presupuesto" y "consistió" que el dinero saliera de su Concejalía. "Me autorizó a que lo cargue porque tenía una partida que durante el ejercicio prácticamente no había tocado", declaró el interventor.
Por su parte, el ex concejal confesó durante el juicio que "contribuyó a malversar" fondos públicos al firmar esas facturas, ya que considera que los trabajos realmente no se habían realizado. Y según su declaración, lo hizo porque en otras ocasiones el interventor había "consentido" otros pagos con los que se "lucraron" tanto el propio Rodríguez como su partido, el PIL.
Desde el área de Festejos, los propios técnicos señalaron durante la instrucción de esta causa que realmente no se prestaron esos servicios por parte de Hernández. De hecho, en algunos casos fueron los propios trabajadores municipales quienes los realizaron, al ser tareas menores, y en los demás se contrató incluso a otras empresas.
Un supuesto refuerzo de 'quita y pon'
"¿Cómo es posible que sepa usted que José Daniel Hernández realizó labores en el Recinto Ferial y no sepa que también las realizó Leyce? ¿No tenía usted que coordinar?", le preguntó a Arrocha el abogado que representa al Ayuntamiento, que está personado como acusación popular en la causa. Lo mismo le plantearon a Hernández, que tuvo que responder si no "coincidió" con Inelcon y con Leyce realizando trabajos de electricidad para el Carnaval. "No, yo he coincidido con gente", respondió el empresario, sin aclarar si esas empresas estaban prestando el trabajo que supuestamente se le encargó también a él.
Lo que defendieron tanto el empresario como Arrocha es que José Daniel Hernández realizó trabajos diferentes. Incluso, distintos a los que se especificaban en la propia factura. Según Rafael Arrocha, lo que en realidad hizo Hernández fue "un tema de seguridad", ante las quejas de los vecinos porque "aumentaba el consumo de electricidad durante las fiestas y se apagaban las bombillas".
Por eso, decidió realizar este encargo para "reforzar" las líneas. "¿Era un refuerzo de manera provisional? ¿Ponerlo y quitarlo?", preguntó el fiscal, a lo que Arrocha respondió que sí. "Y teniendo en cuenta el montante, de entre 40.000 y 50.000 euros, ¿no era mejor dejar algo fijo?", preguntó por su parte el abogado de la acusación popular. "Habría que haber cambiado todo y llevaba más tiempo", respondió el funcionario, que agregó después que "a largo plazo se ha ido cambiando". Según su declaración, ese refuerzo de las líneas se llevó a cabo solo en ese año, cuando Hernández Arráez recibió en total 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife por su intervención en cinco fiestas. Y tampoco realizó un informe sobre la necesidad de afrontar esos trabajos y ese gasto porque según él, "no era preceptivo".
