LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGARÁ SI HAY DELITO

Arrecife, entre los ayuntamientos de España con mayor cantidad de facturas ocultas

La fiscalía del Tribunal de Cuentas investiga a miles de ayuntamientos españoles por ocultar facturas por valor de 1.000 millones de euros. Estudiará si estas prácticas constituyen un delito contable o penal.....

13 de enero de 2014 (23:53 CET)
Arrecife, entre los ayuntamientos de España con mayor cantidad de facturas ocultas
Arrecife, entre los ayuntamientos de España con mayor cantidad de facturas ocultas

La Sexta ha dado a conocer este lunes un informe del Tribunal de Cuentas que desvela que 3.753 ayuntamientos, entre los que destaca negativamente el de Arrecife, contrataban obras y servicios sin imputarlos a ningún presupuesto. En total, 1.012 millones de euros.

Esta práctica ha quedado de relieve ahora porque esos consistorios se han acogido al Plan de proveedores y han sacado las facturas de los cajones para abonarlas con el dinero de Hacienda. A la cabeza en cuanto al volumen total están ayuntamientos como el de Telde y el de Sevilla, aunque en términos porcentuales, la lista de los municipios analizados la encabeza el Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde el 81 por ciento de las facturas pendientes de pago eran ocultas. El segundo lugar lo ocupa el Ayuntamiento de Arrecife, en el que el porcentaje ha sido del 68 por ciento.  

En el caso de la capital lanzaroteña, las facturas no contabilizadas suponían un importe de más de 10 millones de euros (del total de 15,3 millones que el Consistorio presentó a este plan de pago). Esto supone una deuda de 183,36 euros por habitante, que ni siquiera estaba recogida en las cuentas municipales.

El Tribunal de Cuentas dice que esta forma de actuar puede esconder "adjudicaciones a dedo" o "maquillaje" de las cuentas. Además, advierte de que esto podría comprometer el déficit, contradiciendo así al ministro Cristóbal Montoro, que ya negó esta posibilidad. El órgano fiscalizador también habla de depurar responsabilidades. El fiscal del Tribunal de Cuentas investigará si estas prácticas constituyen un delito contable o penal.

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