Miguel Martín, alcalde de San Bartolomé.

Un nuevo escándalo tiene como protagonista al Ayuntamiento de San Bartolomé. En este caso, el tema en cuestión es la recaudación tributaria que en ese municipio lleva una empresa privada desde el año 1999, y cuya contratación por parte del Consistorio tiene visos de “nulidad o anulabilidad”, según informó el secretario de la corporación en el pleno celebrado en la noche del pasado martes. Pero eso no es todo: en el expediente de contratación falta documentación esencial, según informó también el secretario, y que el PSOE cree que puede haber “desaparecido” durante el asalto a la sede consistorial registrado hace dos meses y que sigue impune.

Desde el Grupo de Gobierno, el concejal de Hacienda Javier Betancort admite que hay unos “defectos de forma” a la hora de cerrar el contrato con esa empresa, y que por lo tanto puede ser nulo, tal como denunciaron los concejales socialistas, que son quienes han puesto el tema sobre las mesa. Algo que sorprende a Betancort porque “ellos estuvieron un año y medio en el gobierno cuando ese contrato estaba ya firmado y no hicieron ni dijeron nada”.

Javier Betancort, concejal de Hacienda de San Bartolomé.

En todo caso, ante el contundente informe del secretario de la Corporación, el concejal de Hacienda anticipó este miércoles a La Voz que desde el Grupo de Gobierno se pedirá ahora un informe al Consejo Consultivo -órgano regional conformado por una parte política y otra técnica, de juristas- para que se pronuncie sobre cuáles son los pasos que se deben ahora seguir tras corroborarse irregularidades en la adjudicación de la recaudación municipal. De su parte, el PSOE solicita que se suspenda de manera inmediata el servicio que presta esa empresa y se le retire la adjudicación de ese servicio.

La recaudación municipal de San Bartolomé corre por cuenta desde el año 1999 de la empresa privada Recaudación de Recursos Camerales S.A.. El contrato entre ambas partes y su correspondiente prórroga expiró en 2004, pero volvió a ser prorrogado por el actual Grupo de Gobierno. Desde el PSOE afirman que la firma del primer contrato ya es ilegal, porque se hizo “sin el correspondiente llamado a concurso”, y que también es ilegal la posterior prórroga, porque la ley no lo permite.

Javier Betancort admite irregularidades en la contratación pero en sus orígenes, porque “se hizo por cinco años y no tenía que pasar de cuatro”, al tiempo que destaca que se trata de “una situación heredada por el actual Grupo de Gobierno”.

Misteriosa desaparición

Los concejales socialistas Antonio Rocío y Andrés Stinga.

El otro de los aspectos polémicos en torno a la contratación por parte del Ayuntamiento con Recaudación de Recursos Camerales S. A. es la ausencia de documentación muy importante en el correspondiente expediente, según informó también el secretario en el pleno de este martes.

En concreto, son cuatro los documentos que faltan relativos a ese expediente de contratación: el pliego de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas particulares, el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalización de la Intervención que es el documento que certifican la legalidad de la contratación, y el decreto de aprobación del gasto del expediente de los citados pliegos.

El secretario sostuvo que el hecho de que no se encuentre esa documentación “no significa necesariamente que no haya existido”, mientras que el concejal socialista Antonio Rocío cree que “una de las posibilidades es que haya desaparecido durante el asalto que sufrió la sede del Ayuntamiento a inicios de año”. Un asalto sobre el cual las investigaciones policiales no han permitido establecer hasta ahora quién fue el o los autores, ni sus motivaciones, y que presenta varios aspectos sorprendentes, como ya informara este medio .

De su lado, el concejal de Hacienda Javier Betancort descarta de forma tajante que esa documentación haya sido robada, aunque dice que tampoco puede establecer si “desapareció” o si nunca existió. “Cuando se hizo la contratación eran tiempos en el que no había el actual desarrollo de la informática, y todo se hacía con papeles, lo que hacía que fuera más probable que alguna documentación se traspapelase”, dijo a este medio.

La auditoria

Rosalía Díaz, concejal de Alternativa Ciudadana.

El otro de los temas importantes en el orden del día del pleno del pasado martes es el relativo a la realización de una auditoria externa de las cuentas del Ayuntamiento. La concejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Rosalía Díaz, se estrenó en ese cargo presentando el pasado 11 de abril presentando una moción en la que se solicitaba la realización de esa auditoria.

No obstante, la moción no fue tratada en el pleno, ya que su propia autora tuvo que retirarla, al verificarse que estaba en vigor una anterior solicitud para que se retirase esa auditoria, por lo que tanto oposición como Grupo de Gobierno tenían una confusión en torno a ese tema, como ya anticipara este medio .

La realización de una auditoria había sido aprobada por el pleno cuando la oposición pasó a tener mayoría en el Ayuntamiento, al irse dos concejales del Grupo de Gobierno. Después, este último recuperó transitoriamente el control cuando dimitió José Antonio González, y en esas circunstancias se realizó un pleno en el que se anulaban acuerdos plenarios anteriores, merced a sendos recursos presentados por el concejal de Hacienda, Javier Betancort.

Se creía que uno de esos acuerdos anulados era el relativo a la realización de una auditoria, pero no fue así por un error cometido por Betancort, según él mismo admitió. “Hubo un defecto de forma, porque yo tenía que presentar un recurso de reposición respecto a la realización de la auditoria, y yo presenté una alegación, y no cabía lugar. Hubo una confusión de mi parte y de los servicios de Secretaría, por lo cual la auditoria sigue en pie”, admitió Betancort.

Por eso, la concejal de Alternativa Ciudadana retiró su moción y pidió que se cumpla con el acuerdo plenario del pasado 11 de enero para la realización de una auditoria contable externa, que ahora deberá iniciarse antes del próximo 11 de mayo, feche límite según el plazo legal establecido.