César Romero Pamparacuatro y los fiscales Javier Ródenas e Ignacio Stampa, durante la Operación "Jable".

Cuando se cumple un año desde el inicio la Operación “Jable”, casi dos desde el estallido público del caso “Unión” y tres desde que se iniciaron las investigaciones, la UCO sigue trabajando en Lanzarote. Los agentes han vuelto a visitar la isla en las últimas semanas y también han estado en los Juzgados de Arrecife, para seguir avanzando en la mayor causa contra la corrupción abierta en la isla, y una de las mayores de toda España.

Sin embargo, la causa continúa con un preocupante parón desde el punto de vista judicial, que frena las diligencias policiales que necesitan autorización de un magistrado, y que también ha impedido que hasta la fecha se levante el secreto de sumario sobre esta parte de la causa, que ya debería haberse producido. Y es que el caso “Unión” también está a punto de cumplir cuatro meses sin juez.

El 24 de diciembre caducó la comisión de servicios que permitió a César Romero Pamparacuatro continuar con la instrucción de la causa a pesar de su traslado a Tenerife, y desde entonces sigue esperando que se le conceda una prórroga para seguir la investigación.

Aniversario

Mientras tanto, este martes 19 de abril se cumple un año del inicio de la segunda gran embestida del caso “Unión”, bautizada como “Operación Jable”, que se desarrolló en tres fases dejando un total de 25 detenidos. En realidad, 26, ya que entonces también volvió a ser arrestado en su celda de Tahíche, por segunda vez en el marco de esta misma causa, el líder histórico del PIL, Dimas Martín.

El caso “Unión” daba un salto en el tiempo y ponía sobre la mesa presuntas tramas de legislaturas anteriores, además de aportar pruebas sobre el supuesto patrimonio ilegal amasado por Dimas en los últimos años. Un patrimonio que ascendería al menos a unos 8,5 millones de euros, según la investigación, repartido en distintas propiedades a nombre de terceras personas. Seis personas, incluyendo a su hija Susana Martín, y al conocido empresario afincado en Andalucía y con intereses hoteleros en Costa Teguise, José María Rossell, fueron arrestadas e imputadas en la Operación “Jable” por blanqueo de capitales y/o insolvencia punible. Es decir, por actuar como presuntos testaferros del líder del PIL.

Además, la nueva operación de la UCO llegaba también hasta otros ex cargos públicos del PIL, como la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz, que incluso fue enviada a prisión provisional, al igual que el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, y el ahora ex gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez. Se destapaba así el presunto negocio de la basura, que llevó después a la detención de muchos otros directivos de esta empresa en Madrid.

Hasta el Cabildo

Con la Operación “Jable”, la investigación llegó también al Cabildo de Lanzarote, donde se registró durante horas el área de Actividades Clasificadas. La consejera del PIL María José Docal, y el ex consejero socialista Miguel Ángel Leal fueron detenidos en ese operativo. Además, otros conocidos empresarios de la isla se sumaron a la lista de arrestados. Entre ellos, el ex presidente de Asolan, Francisco Armas, que también está imputado en el “caso Reyes”, al igual que Juan Francisco Rosa, con el que se cerró esa oleada de detenciones de la Operación “Jable”.

También fueron detenidos en esa fase otros dos concejales del PIL en Arrecife, Antonio Machín y Luisa Blanco, que tuvieron que enfrentarse a un careo con su ex compañero José Miguel Rodríguez. Tras su detención en mayo de 2009, Rodríguez confesó haber cobrado comisiones ilegales, llegando a afirmar que era una “costumbre”. Con los nuevos arrestos, la Operación “Jable” siguió tirando de los primeros hilos destapados por la Operación “Unión”, pero también multiplicó la envergadura de la causa, remontándose en el tiempo y llegando a otras destacadas personas del archipiélago, como el abogado Francisco Rodríguez Batllori.

Últimas detenciones

Medio año después de la Operación “Jable”, cuando Romero Pamparacuatro ya se había trasladado a Tenerife y seguía instruyendo en caso “Unión” en comisión de servicios, se produjo la última oleada de arrestos. Ese 24 de noviembre de 2010 fueron detenidos el abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, así como el ex concejal y ex consejero del PIL Celso Betancort y los directivos de FCC y Urbaser, Marco Aurelio Hernández y Francisco José Martínez.

Un mes después, caducó el plazo de esa comisión de servicios y, desde entonces, la causa continúa sin juez, a la espera de una decisión que en teoría ya se había tomado, pero que en la práctica se sigue retrasando.

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