“Día triste para Lanzarote, sinceramente”. Ese foro enviado por un lector a lavozdelanzarote.com, cuando este medio adelantó la noticia de que el juez César Romero Pamparacuatro dejará la isla el próximo mes de septiembre, resume el sentimiento que sin duda han tenido muchos ciudadanos de la isla. Y es que en el último año y medio, el magistrado se había convertido en una especie de símbolo para aquellos que sueñan con una isla libre de corrupción.

Sin embargo, su marcha no significa que se vaya a apagar el caso “Unión”. El propio juez ha pedido que se le asigne una comisión de servicios y, de momento, ya ha recibido pleno respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y todo apunta a que el Consejo General del Poder Judicial también apoyará esta solicitud, porque sería totalmente disparatado que un nuevo magistrado tuviera que asumir de nuevas no sólo los procesos abiertos en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, sino también una de las causas judiciales de mayor envergadura abiertas en España.

Ahora, la decisión vuelve a estar en manos del Ministerio de Justicia, que tendrá la última palabra. Y pese a que hace un año ya denegó la petición de un refuerzo para que el juez pudiera centrarse en el caso “Unión”, ahora su rechazo sería mucho más incomprensible. Más incluso de lo que lo fue entonces, porque era más que evidente que la magnitud de la causa lo requería, y así lo habían entendido en ese momento todos los órganos judiciales, tanto el TSJC como el CGPJ.

Desde entonces, el caso ha seguido creciendo con una nueva fase, la Operación “Jable”, que multiplicó el número de imputados, y también la documentación a analizar, no descartándose incluso nuevos frentes. Por eso, ahora es el momento de que los estamentos políticos demuestren si realmente quieren apoyar la labor de la Justicia. Si realmente consideran prioritaria la lucha contra la corrupción.

Desgraciadamente, la realidad demuestra muchas veces que los pilares básicos de la sociedad son los más desatendidos. Y lo mismo podemos hablar de la falta de médicos, que difícilmente quieren venir a un lugar como Lanzarote, donde muchas veces un solo profesional tiene que atender a todos los pacientes de su especialidad, como de la falta de recursos y de estabilidad en los Juzgados de Arrecife. Y es que la sobresaturación se convierte en uno de los problemas que hace que los jueces sólo pasen unos años en la isla y luego busquen otro destino. Por eso, en el caso “Unión”, si finalmente se impone la lógica y la cordura y se le concede la comisión de servicios a César Romero Pamparacuatro, el traslado del magistrado podría ser hasta una ventaja. Y es que aunque tenga que compatibilizar la causa con sus nuevas tareas en el Juzgado de La Laguna, su carga de trabajo sería mucho menor que en Arrecife, ya que su nuevo destino no soporta ni de lejos la carga del que llevaba actualmente.

Por eso, podría aliviarse lo que ha sido un auténtico “año de obstáculos” para el magistrado, tal como publicó La Voz de Lanzarote cuando se cumplían doce meses del estallido público de la Operación “Unión”. Una causa que, pese a las dificultades, no ha dejado títere con cabeza. Y aunque ha salpicado fundamentalmente al PIL, con su líder Dimas Martín a la cabeza, afecta a casi todos los partidos de la isla. Militantes y cargos públicos del PSOE, del PP, de Coalición Canaria y del PNL tienen que responder también ante la justicia por esta causa, que incluso tiene como imputado al marido de Alexia de Grecia, y ha llevado a declarar como testigo a la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, cuya hermana, la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, ha pasado a ser uno de los principales ejes de la investigación.

Por todo ello, es lógico que Romero Pamparacuatro se haya convertido también en un personaje incómodo para muchos, que sin duda celebrarían que el magistrado se marchara a Zimbabue y no volviera más por la isla. Pero el resto, tal como reflejan decenas de foros recibidos en lavozdelanzarote.com, ha mostrado su tristeza e incluso su preocupación por su marcha. “Era demasiado bonito para ser real”, decía un lector. “¿Por qué tengo miedo?”, se preguntaba otro.

Sin embargo, y aunque hay que estar vigilantes ante la decisión que adopte el Ministerio de Justicia, lo normal será que el magistrado pueda concluir la instrucción de esta causa y llevarla hasta donde sea necesario. Y aunque a veces sea descorazonador ver que muchos siguen actuando como si nada hubiera pasado, y que la lección no se ha aprendido, lo cierto es que a falta de sus resultados definitivos, esta causa ya ha conseguido mucho.

El trabajo realizado desde el inicio por César Romero Pamparacuatro, los agentes de la UCO y el fiscal Ignacio Stampa, y posteriormente asumido por el delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente en Las Palmas, Javier Ródenas, y la Fiscalía Anticorrupción, ha mostrado una realidad que ya no permite mirar hacia otro lado. Ha puesto sobre la mesa lo que muchos intuían o sospechaban, y lo que otros se negaban a ver.

Por eso, el trabajo que seguirán haciendo los jueces y fiscales de la isla, a veces sin todo el respaldo que necesitarían, se tendrá que ver también acompañado por el compromiso y la implicación de toda la sociedad. Porque ni las imputaciones ni las sentencias son suficientes para terminar con un sistema viciado. Ahora, son los ciudadanos los que tendrán que demostrar que esta causa no ha sido en vano.