El Gobierno de Canarias, la totalidad de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento han estado esta semana de acuerdo, en lo que consideran ustedes que es la única opción o solución para proteger Alegranza y una vez más se plantea la adquisición del Gobierno mediante expropiación. Imagino que este anuncio no forma parte de una intuición que tenga el Gobierno de Canarias sino, probablemente, de datos concretos.

El valor ambiental de los islotes está fuera de toda duda. Compatibilizar la protección de esos valores con el uso privado, que pudiese darle una utilidad económica es complicado. Por otro lado, todos estos islotes, si se aplica la Ley de Costas, lo lógico es que pasen a ser dominio público costero y, consecuentemente, es al Estado a quien le corresponde la adquisición de los islotes. De hecho, en la legislatura pasada ya hubo un intento, por parte del Estado, de adquirirlos. Creo que en estos momentos económicos es complicado, pero tiene que ser un objetivo, para su preservación. Y como son islotes deben ser adquiridos en aplicación de la Ley de Costas.

¿Ha tenido el Gobierno de Canarias la posibilidad de hablar en torno a la conservación y a la protección de estos islotes con representantes del Gobierno? ¿Hay la misma impresión en los responsables ministeriales en torno a que la Ley de Costas, aplicada de forma completa, lleva a la expropiación?

Eso es un asunto que tenemos que seguir tratando. Se trató en la legislatura pasada y Costas lo primero que hizo es expropiarla, pero no se concluyó el expediente. Efectivamente esto habrá que negociarlo. En esta legislatura, no se ha avanzado en ese asunto, porque los islotes tienen su Plan Rector de Uso y Gestión pero, ciertamente, es un plan que necesariamente por la conservación debida es muy restrictivo para los propietarios. Esto estaba también en los tribunales, que han anulado dos artículos, en el caso de Alegranza, del Plan Rector de Usos y Gestión que, básicamente, son los dos artículos principales, porque son los que delimitan las zonas restringidas y también el que dice lo qué se puede o no hacer, por lo que la utilidad para los propietarios es bastante escasa. Entonces, una vez que existe esa sentencia, que nosotros entendemos que tiene un error de apreciación, en cuanto a que se fundamentan en que la parte pública no sea de uso restringido y sólo la parte privada lo sea, lo cual no es cierto, ya que hay una gran extensión pública que también tiene un uso muy restringido. Se ha hecho un recurso de casación, pues entendemos que la sentencia tiene algún error. No obstante, el Gobierno siempre está abierto ha establecer una línea de negociación con la propiedad a efectos de ver cuáles son sus reivindicaciones y si se pueden conciliar con la conservación.

En otra cuestión que, sin duda alguna, ha traído de cabeza a autoridades municipales, insulares e, incluso, al propio Gobierno de Canarias, también se ha logrado unanimidad esta semana en cuanto a que el Gobierno de Canarias va a otorgar la máxima celeridad a la licencia del proyecto de ampliación del Club La Santa, que venía desde hace tiempo plateando esa ampliación, que hasta el momento había sido imposible conceder los permisos oportunos. ¿Por qué ahora se puede? ¿De qué forma se puede acelerar el proceso? ¿Qué puede hacer el Gobierno de Canarias por La Santa?

El Club La Santa presentó una solicitud de autorización como proyecto excepcional de las previstas en la Ley del 2003 para la moratoria turística, pero esa presentación fue bastante tarde cuando se sustanció, porque primero llevaban bastante tiempo con este asunto y, además, se les pidió una corrección del proyecto y tardaron mucho en volver a presentarlo. En ese tránsito se pasaron los tres años que permitía la ley, por lo que se quedaron sin cobertura legal para esa autorización excepcional, porque existía una moratoria turística que impedía ampliar los establecimientos turísticos. Sin embargo, la Ley de Medidas Urgentes da una solución a este problema, siempre y cuando se pretenda rehabilitar el complejo, porque se le otorgan un número mayor de plazas, que es lo que solicitaban los promotores. En ese sentido la ley lo permite y hay que hacer una serie de trámites, que estaban iniciándose en el Cabildo, que se han remitido a la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, para que sea la que otorgue ese informe. Y en ese tránsito están. No he podido hablar con la consejera de Turismo, pero estoy seguro de que tiene esto como una prioridad, como lo tiene el Cabildo y lo tenemos todos.

Por último, es inevitable preguntarle por esa comparecencia suya a contestar a la pregunta del diputado Manuel Fajardo Palarea, en la que el consejero apuntó que el Gobierno va a alentar el tránsito sosegado a la legalidad de aquellos establecimientos hoteleros a los que les han sido anuladas sus licencias por sentencia judicial. ¿En qué consiste un tránsito sosegado a la legalidad?

Consiste en que los promotores, con el marco jurídico actual, puedan rehacer sus expedientes y solicitar una nueva licencia, para obtenerla dentro de la legalidad. Obviamente, la licencia se la tiene que otorgar en última instancia el Ayuntamiento y los informes preceptivos para esa licencia el Cabildo. El Gobierno siempre ha estado con la posibilidad de que se legalicen los hoteles. Considera que la última de las soluciones sería que no se legalicen los hoteles y, consecuentemente tengas que ser demolidos. Esto sería tremendamente negativo para el interés general, para la economía de la isla, para el empleo, la imagen turística. Están también magnificando este problema, recordando todos los días que los hoteles son ilegales y, además, con un empeño tremendo. Hay que trabajar para que, dentro de la legalidad y la igualdad, los que han obtenido una sentencia anulando una licencia que ya tenían, puedan corregir el expediente para subsanar aquellas cosas que estuviesen detectadas en esa sentencia y volver a solicitar la licencia. En estos momentos hay un marco jurídico que favorece para poder legalizarse. En primer lugar, la Ley de Medidas Urgentes les permite utilizar las plazas que tenían autorizadas, en estos momentos que hay moratoria turística todavía. En segundo lugar, las limitaciones que tenían por la moratoria específica que tenía el Plan Insular han desaparecido, al haber sido anulado por el Tribunal Supremo. Y queda vigente el plan de 1991, que en estos momentos no tiene aplicación práctica en esta materia. En consecuencia, no parece que el planeamiento insular sea un escollo insalvable para que estos promotores no puedan rehacer el expediente, siempre y cuando cumplan con las normas urbanísticas que estén en vigor.

Hay hoteles, como bien sabe usted, cuya sentencia los anula porque dicen que han construido más allá de lo que habían presentado inicialmente en el proyecto, porque tienen una o dos plantas más. Imaginemos que tiene una planta más. ¿Cómo se subsana eso? ¿Y cómo camina eso sosegadamente hacia la legalidad? ¿Derribando la planta?

A lo mejor sí, si no es legalizable. El que no se haya presentado en el proyecto inicial no quiere decir que no se pueda presentar ahora, siempre y cuando el planeamiento lo permita. Ahora, esto no está en ninguna de las sentencias pero, si el planeamiento no lo permite, tendrían que demoler esa planta. Eso es evidente.

¿Hay un procedimiento para iniciar este proceso de legalización? Tiene que empezar porque los promotores se dirijan a la corporación municipal afectada, es decir, al Ayuntamiento de Yaiza o al Ayuntamiento de Teguise. Hasta el momento no ha habido ninguna solicitud. ¿Le consta a usted que haya habido solicitudes de estas características dirigidas a su consejería o al Gobierno de Canarias?

No. A mi consejería no tiene sentido porque no damos las licencias. Por tanto aquí no hay ningún expediente que se pueda tramitar. Los promotores saben muy bien donde presentar los proyectos. Si no lo han hecho, los estarán preparando o no sé lo que querrán hacer, pero es evidente que les corresponde a ellos la presentación de los proyectos nuevos y el inicio de los expedientes. En relación con lo que incumplan, espacios públicos y eso, eso no tendría remedio. Ahora, la mayoría de las sentencias es porque carecen de informe preceptivo del Cabildo Insular, que en ese momento no podían obtenerlo, precisamente por las previsiones del planeamiento insular.