Las declaraciones de alerta en Canarias se han convertido en una especie de cuento del lobo, aunque a veces, como en el cuento, el lobo llega. Eso es lo que ha sucedido esta vez en muchos puntos de las islas, donde las consecuencias del temporal sí se han sentido con fuerza.

Sin embargo, una vez más, el mayor problema ha estado en las propias infraestructuras. De hecho, eso es probablemente lo que hace que se enciendan todas las alarmas cada vez que los pronósticos meteorológicos vaticinan 30 litros de agua por metro cuadrado o rachas de viento superiores a 40 ó 50 kilómetros por hora. Eso, con unas carreteras, puertos o construcciones adecuadas, debería ser fácilmente soportable, sin necesidad de parar el archipiélago por ello.

Sin embargo, en lugar de eso, se ha entrado en una pescadilla que se muerde la cola. Y además de colapsarse las islas cuando llegan las inclemencias meteorológicas, también se paran, al menos en parte, ante las alertas que finalmente se quedan en nada. Buen ejemplo de ello fue lo vivido hace un par de semanas en Lanzarote, e incluso lo sucedido en la tarde del miércoles.

Cuando el cielo no había llegado ni a nublarse en Arrecife, se suspendieron las clases y actividades extraescolares previstas para esa tarde y los Juzgados se vaciaron a las 14 horas por la alerta naranja, siguiendo instrucciones del Gobierno de Canarias, que ordenó desalojar los edificios públicos. Y lo de proteger a los niños, aunque a veces pueda parecer excesivo, porque las predicciones meteorológicas son a veces poco ajustadas a la realidad, o incluso no parecen tan preocupantes como para suspender las clases, puede ser aún así comprensible. Pero cuando se ordena desalojar edificios públicos, mientras el común de los trabajadores sigue en sus puestos, es inevitable preguntarse si los funcionarios no se mojan como los demás.

Y es que lo de salvar a los niños primero ante un naufragio, estaba claro. Pero ahora, parece que las mujeres, con las conquistas de igualdad de género, han cedido su lugar preferente a los trabajadores públicos.

En este caso, desde luego, no es culpa de ellos, sino de la administración. Incluso, en los Juzgados de Arrecife, algunos se resistían a abandonar su trabajo, especialmente en lo que respecta al Juzgado de Guardia. Y lo más triste es que mientras se daba esa instrucción a los edificios públicos, ninguna institución de la isla emitía la más mínima nota de advertencia a la población.

De hecho, edificios como el del Cabildo ni siquiera fueron desalojados ni sabían de la existencia de esa orden, porque prácticamente no quedaba nadie a quien avisar. Y es que además del temporal, cualquier fiesta es también buen motivo para dar día libre a los funcionarios, o reducirles la jornada hasta las dos de la tarde, como ha sucedido con el Carnaval.

Es cierto que los servicios de emergencias estaban activados y en guardia para hacer frente a lo que llegara, pero no parece de recibo que se mande a los funcionarios a sus casas a las dos de la tarde y que, en cambio, fallen otros canales de comunicación con los ciudadanos. O bien del Gobierno de Canarias con las instituciones lanzaroteñas, o bien de estas últimas con los vecinos de esta isla.

Evidentemente, y eso es lo primero que habría que entender, no se puede parar una isla por el viento o la lluvia, salvo que de verdad estemos hablando de una catástrofe climatológica. Y para ello, lo primero que habría que conseguir es afinar los pronósticos meteorológicos y dar soluciones urgentes a las infraestructuras. Pero mientras tanto, o nos mojamos todos o cerramos el chiringuito.