Política

Arrecife aprueba "rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado" para cualquier español

La moción ha salido este viernes aprobada con el apoyo de los grupos PP y CC, y los ediles de Vox, teniendo en cuenta que el PSOE ha votado en contra

Imagen de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Arrecife de este viernes

El pleno Arrecife ha aprobado este viernes “rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito”, con el apoyo de los grupos PP, CC, y los votos del grupo Mixto, integrado por dos ediles de Vox. Sin embargo, el PSOE ha votado en contra de esta moción presentada por el PP. 

La portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento, Eli Merino Betancort, ha destacado durante la presentación de esta moción que “en una democracia europea consolidada, como es la española, en este 2023, una amnistía, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano".

Todo ello además, mientras el "Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España”, ha comunicado.

Durante la sesión plenaria, de carácter ordinaria, la portavoz del PP ha recordado que “en 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre nueve y trece años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero". "Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos".

Ha añadido que "no fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una 'Ley de Amnistía' que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación”. 

Además, Merino ha destacado que “el precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social “. 

Tras someterse a debate esta moción, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife, con los votos favorables de los grupos PP, CC y mixto (integrados por ediles de Vox), y el rechazo del grupo socialista, ha aprobado: 

1. Rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.  

2. Considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.  

3. Animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.  

4. Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP.