Política

Acuña, sobre los trabajadores del albergue de La Santa investigados: "Se les ha apartado del centro"

El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote recalca que "la investigación sigue su curso" y que se "tomarán medidas" en función de lo que "determinen los estamentos judiciales"

Incendio en el Centro de menores de La Santa

Los cinco trabajadores investigados por la Guardia Civil por presuntamente amenazar y coaccionar a menores del albergue de La Santa, han sido apartados de su puesto de trabajo en el centro. Así lo ha confirmado este jueves, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, en declaraciones a La Voz.

"Desde el minuto uno, la decisión de la Entidad que gestiona el centro ha sido apartar de forma cautelar a estas personas de su trabajo diario", ha concretado. 

Desde el Cabildo han asegurado que dicha medida "nos pareció adecuada y correcta".

Al mismo tiempo, el consejero ha querido recordar que la investigación "sigue su curso" y será en "función de las conclusiones" y según lo que "determinen los estamentos judiciales", por lo que se irá "actuando y se llevaran a cabo las medidas pertinentes". 

Además, ha añadido que los trabajadores cuentan con la "presunción de inocencia".

Detalles del suceso

Estas declaraciones surgen a raíz de la información publicada por la Guardia Civil de San Bartolomé, quien informó en la mañana de este jueves de que mantiene una investigación a cinco personas por coaccionar y amenazar a, al menos, cinco menores de edad para la comisión de diferentes hechos delictivos con el objetivo de desestabilizar la organización diaria del centro. 

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias del Puesto Principal de San Bartolomé en la que un menor usuario del centro de menores no acompañados de La Santa aseguraba estar siendo coaccionado por cuatro auxiliares educativos del mismo para que cometiera actos vandálicos y desobedeciera las normas de régimen interior. 

Los investigados, amenazaban a los menores si no realizaban los actos delictivos con la aplicación arbitraria de medidas como la limitación de salidas, actividades de ocio y cobro de paga semanal, además de hacerles creer a los menores que podían retrasar la tramitación de su documentación de residencia legal en España si no atendían a sus exigencias.