Política

AC recurre ante el Consorcio del Agua la adjudicación de Inalsa a la empresa Canal de Isabel II Gestión

Alternativa Ciudadana 25 de mayo ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo tomado por la Asamblea del Consorcio del Agua el pasado 5 de abril, por el que resolvió el concurso de privatización de Inalsa en favor de ...

AC recurre ante el Consorcio del Agua la adjudicación de Inalsa a la empresa Canal de Isabel II Gestión

Alternativa Ciudadana 25 de mayo ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo tomado por la Asamblea del Consorcio del Agua el pasado 5 de abril, por el que resolvió el concurso de privatización de Inalsa en favor de Canal de Isabel II Gestión S.A. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este partido, que considera que "el acuerdo supone una incorporación irregular de la fórmula de revisión de precios como aspecto negociable", "vulnera los principios de igualdad y transparencia" e "incumple el artículo 170 del Real Decreto legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público".

Entre otras cosas, Alternativa Ciudadana 25 considera que "sí se han realizado cambios sustanciales con respecto a los condiciones iniciales" establecidas en el concurso que quedó desierto. Así, sostienen que el canon inicial de 50.000.000 euros pasa de satisfacerse al contado, a la firma del contrato, a pagarse en cinco años.

En cuanto a los tres tipos de canon variable, sostiene que el A se modifica del 4 por ciento al 1 por ciento sobre el importe total facturado; el B pasa del 15 por ciento a elegir entre el 5 por ciento de los ingresos netos o el 15 por ciento del resultado después de impuestos, por encima de lo fijado en el modelo económico financiero; y en el C "el porcentaje disminuye considerablemente del 50 por ciento al 6 por ciento de los ingresos por subvenciones y otros similares".

Posible subida de tarifas en dos años y medio

Además, AC también sostiene que hay otras "modificaciones sustanciales", como la duración del contrato, que aumenta de 25 a 30 años. Respecto a las tarifas, el partido ha subrayado que la promesa de mantenerlas "inalterables" hasta 2016 supone en realidad que podrán empezar a subirse dentro de dos años y medio , dado lo que se viene retrasando el procedimiento de adjudicación.

"Visto lo anterior consideramos que todas las modificaciones, en todos los apartados susceptible de negociación, son sustanciales destacando sobremanera las modificaciones, a la baja, en el Cánones Variables A y C que disminuyen un 75 por ciento y 85 por ciento respectivamente", sostiene Alternativa.

"En cuanto a la creación de una empresa Canal Lanzarote SA que está prevista", Alternativa Ciudadana 25 de mayo se pregunta "cuánto será el capital social para asegurar las inversiones y el pago de los cánones" y si dado que "va a estar gobernado por políticos, ¿no pasará lo mismo que en Inalsa?". Al respecto, cuestiona de quién serían entonces las "responsabilidades", si de "la empresa matriz o la nueva". "La situación puede cambiar y que pase como ocurre con el Consorcio del Agua de Lanzarote, que no es responsable de la deuda de Inalsa y nos dejen solos", advierte.

"Batalla" en Madrid

Alternativa Ciudadana ha señalado además que desde 2008, " los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han librado una intensa batalla para impedir la privatización de Canal de Isabel II". Al respecto, ha recordado el intento de externalizar este servicio, que finalmente quedó pospuesto. "En aquel entonces,el gobierno madrileño liderado por Esperanza Aguirre decidió crear una sociedad, Canal de Isabel II Gestión S.A, para prestar servicios relacionados con la gestión del agua", ha recordado AC, señalando que el 80 por ciento de esta empresa es propiedad de la Comunidad de Madrid y el 20 por ciento de los ayuntamientos madrileños.

"La formación de esta empresa ha levantado voces críticas que han tachado al proceso de ser totalmente opaco", ya que "escudada en la condición de Sociedad Anónima, se desconoce la estructura y funcionamiento, así como las obligaciones de prestación del ciclo integral del agua que tieneCanal de Isabel II Gestión S.A."

En cuanto al Consejo de Administración de la empresa, agrega AC, "ocupado en su mayoría por miembros del PP, no se hacen públicas ningún tipo de decisiones, siendo inexistente también algún tipo de mecanismo de participación tanto de los trabajadores de la empresa como de representación ciudadana".

Los "riesgos" de la privatización

En su comparecencia ante los medios, Alternativa Ciudadana ha lamentado que se ha quedado "sola" en el Cabildo en la lucha contra esta privatización, ya que "PP y PIL, en el fondo, optan por privatizar, con algunos matices diferentes", y ha criticado el "fraude electoral de CC Y PSOE, que en su programa electoral defendían la gestión pública del agua". "De ser su grandes paladines han pasado a ser sus verdugos, privatizándola con el prioritario objetivo de permitir que salgan impunes los verdaderos culpables de la situación de Inalsa".

Pese a ello, Alternativa Ciudadana ha insistido en que "hará lo que este en su mano para intentar paralizar este proceso de privatización". Y es que entiende que "entregar un derecho y bien de primera necesidad a manos privadas es arriesgarnos a una pérdida de calidad del servicio, a una subida de las tarifas y a la entrega gratuita de las inversiones realizadas hasta el momento en Inalsa".

Desde que se inició el proceso de privatización de Inalsa, Alternativa Ciudadana ha presentado distintas mociones, recursos e impugnaciones, aunque todas han sido rechazadas. Los últimos recursos fueron desestimados por la Asamblea del Consorcio celebrada el 11 de marzo, ratificando "un informe del jurista del Consorcio para asuntos de Inalsa". Sin embargo, el partido entiende que "la respuesta carece de muchos fundamentos, no entra a deliberar sobre todos los puntos planteados y se escuda en una posible confusión en la solicitud y en que el presidente no puede resolver estos asunto porque no son de su competencia".

Ante esta desestimación, AC también ha anunciado que está estudiando la presentación de un contencioso administrativo en los tribunales, con el que podrían abrir un nuevo frente contra este proceso de privatización.